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Palma se parece cada vez más a Chamberí. Mientras en aquellos pagos madrileños han imputado al novio de la presidenta Díaz Ayuso por defraudar a Hacienda, en la calle Conqueridor de Ciutat, sede del Parlament Balear, PP y Vox han borrado del mapa la Oficina Anticorrupción. Mientras en los Madriles todo el aparato político y mediático conservador se ha lanzado a la carga para defender a la santa protectora de la fruta y la cerveza, la Cámara legislativa balear se ha convertido en la primera de toda la Unión Europea en triturar un servicio público destinado a la lucha contra la mangancia. En conjunto, es para ponerse a temblar.

En otras circunstancias, si el Archipiélago fuese un remanso de paz y armonía, podría aducirse que aquí sobra la burocracia contra los tejemanejes políticos inconfesables. Pero no es el caso. Antes de que en Mallorca hubiera oído hablar de Ayuso, un expresidente balear, Jaume Matas, tuvo que ingresar en prisión como consecuencia de decisiones suyas cuando estaba al frente del Consolat.

Sólo por este antecedente, PP y Vox jamás deberían haber suprimido la oficina destinada a la defensa de la salud pública. Porque tras el paréntesis de las actuales fiestas, pronto volverá a estallar en Madrid la batalla en torno a Ayuso. Y será dura. Incluso feroz. Y uno de los argumentos que utilizará el progresismo contra Feijóo para mostrarle que no hace nada contra la corrupción excepto mirar la viga en el ojo ajeno, es la supresión de la Oficina de Balears, permitida por Marga Prohens. Al tiempo, que cada vez las curvas son más cerradas. Los próximos cañonazos de la artillería de Sánchez no sólo se dirigirán contra Chamberí, donde vive Ayuso en el piso de su novio presuntamente defraudador. Aquello es un tapadillo muy feo. Pero lo que ha pasado en Palma es una decisión política e institucional. Y eso suena muy mal.