Antoni VerdPalma17/05/24 0:30
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El ‘lawfare’ es un concepto que encuentra más acomodo en la sociología jurídica y la política que en el derecho. Ha entrado en nuestro ámbito del peor modo posible: sin una definición taxativa y tratando de suponer que se da en nuestro sistema judicial, por el mero hecho de contemplarse su enunciado, en un pacto espurio en beneficio del prófugo Puigdemont y sus malas compañías. Su traducción libre es ‘guerra sucia’ ‘legal’ o ‘judicial’; lo que, en realidad, no tendría por qué traducirse así. Pues el adjetivo ‘sucia’ referido a una guerra legal es contingente. Y entablar una guerra legal o judicial puede hacerse legítimamente por muy diversas razones. Aunque, ciertamente, si introducimos conceptos ajenos a nuestro acervo como ‘lawfare’, podrán ser muchos los equívocos interpretativos. Seguramente lo esperado por sus introductores. No en vano ha entrado en nuestro lenguaje de la mano de los enemigos declarados de España, quienes quieren embarrarlo todo en el contexto del pago por los siete malditos votos comprados por Sánchez.

El profesor Orde Kittrie, de la Universidad de Arizona es autor del primer libro que aborda sistemáticamente lo que llama ‘guerra legal’, (Lawfare: law a weapon of war. Nueva York: Oxford University Press, 2016). Citado en el contexto de una amplia bibliografía por Antonio E. Ramires Santoro y Natalia L. Frias Tavares, en su trabajo El uso del sistema penal como lawfare político, que puede encontrarse en internet. Mas fue en un ensayo del general norteamericano Charles Dunlap Jr. donde en 2001 se usó por primera vez el término ‘lawfare’. Concepto que ha sido definido como: «la estrategia de usar el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico». El derecho, así, se está convirtiendo en un arma poderosa para la guerra, sometida cada vez más, a tribunales tanto nacionales como internacionales. Muchos conflictos que tradicionalmente se resolvían por las armas ahora se tratan de resolver en los tribunales mediante una ‘guerra legal’; que como las demás guerras puede ser justa o injusta y los procedimientos impecables o corruptos. Mas, no debemos confundirnos. Aquí no hay ‘lawfare’ y menos en el sentido que quieren darle sus introductores, separatistas e izquierdistas en busca de su impunidad. Aquí hay un Estado de derecho, actualmente atacado, sí; pero Estado de derecho al fin y al cabo; con todo lo que eso significa y donde no cabe hablar de ‘lawfare’ judicial.