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J.F. MESTRE El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgó ayer a un fabricante de cocinas, llamado Rafael Vicente T.Q., que está acusado de estafar a unas 20 personas. En concreto, según explicaron ayer varios afectados, el acusado cobraba los anticipos por la colocación de las cocinas, les tramitaba la financiación, y después dejaba de cumplir con sus obligaciones. El fiscal, por el delito de estafa, reclama una condena de tres años de prisión. Jaime Pellicer, abogado de uno de los afectados, reclama una condena de siete años de cárcel.

El tribunal escuchó ayer el testimonio de los perjudicados por esta presunta estafa. Todos ellos coincidieron al apuntar al acusado como la persona a quien le entregaron el dinero y quien se responsabilizó de montar las cocinas. El acusado justificó estos incumplimientos en la crisis económica que atravesaba la empresa, e indicó que había vendido su parte de la sociedad a su otro socio. En este sentido, el empresario insistió en que se había ofrecido a solucionar la situación con algunos clientes, pero su socio le rechazó su ayuda. Precisamente este socio, tras explotar el escándalo, montó algunas cocinas que habían quedado pendientes y que el cliente ya había pagado por adelantado.

Todos los perjudicados fueron detallando las cantidades económicas que tuvieron que pagar para la colocación de la cocina. La tienda sólo les entregaba las estructuras de las cocinas y después los clientes no volvían a tener noticias de la empresa. Los perjudicados se veían obligados a contratar los servicios de un carpintero para que les terminara la misma. Algunos denunciantes explicaron que para pagar la colocación de su cocina habían tramitado una financiación y, a pesar de que el acusado no había cumplido con sus obligaciones, se vieron obligados a pagar cada mes para cancelar el préstamo.