Oficiales del cuartel de San Fernando, bajo la supervisión directa del comisario Nicolás Herrero, están investigando si otros atestados de tráfico fueron amañados para engañar al seguro (o al consorcio de compensación) y cobrar cantidades importantes en concepto de indemnización. La investigación sobre el abogado Antoni Tugores y el policía local José Antonio R., detenidos el miércoles y que quedaron en libertad con cargos el jueves, continúa abierta.
La prueba clave que la Policía Local obtuvo para arrestar al prestigioso letrado, que además es directivo del Mallorca, fue el testimonio de Ana P. y Cristian C., los otros dos imputados en la operación policial. Se trata de la hermana del motorista que quedó en coma, y cuyo atestado se manipuló, y de un amigo de él.
La pareja declaró ante los investigadores que habían recibido una llamada telefónica del abogado en la que les instaba a cambiar su declaración inicial para poder modificar el atestado por el motorista en coma. Los dos testimonios añadieron que el letrado les había asegurado que ya tenía en su poder el informe confidencial de la Policía Local sobre el accidente en la calle Joan Ripoll Trobat.
«Rodri», el agente detenido, estaba destinado hasta ayer en el grupo de Atestados, en la sección de Policía Científica de Accidentes (PCA), y llevaba más de veinte años en el Cuerpo. Hace unos días solicitó a un compañero que le sacara del archivo el atestado en cuestión, lo que despertó las primeras sospechas. Cuando luego, el domingo, los dos testimonios se presentaron en el cuartel de San Fernando para modificar el informe las sospechas se acentuaron y un oficial abrió una investigación autorizada por el intendente jefe.
El motorista herido cayó de forma casual y en el parte inicial no constaba la implicación de ningún otro vehículo. De esta forma, la víctima no tenía derecho a una indemnización. Pasó mes y medio en estado comatoso en Son Dureta y le han quedado secuelas severas. En un caso así, si hay un culpable del accidente, las indemnizaciones suelen ser millonarias. Con el nuevo atestado modificado, que al final no tiene validez, sí que podría haber accedido la familia del joven a una recompensa económica.
Durante todo el día de ayer el tema de conversación en el cuartel de San Fernando fue el caso de la supuesta corrupción y sus consecuencias. Fuentes policiales insistieron en que se trata de un caso aislado y que, en ningún caso, se puede hablar de anomalías generalizadas en la instrucción de los atestados por accidentes de tráfico.
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