Cassella, en el año 2008 tras ser detenido por matar a Tino Reiner. | Irene G.Ruiz

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Homicida, preso y despedido del trabajo en la propia cárcel. Daniel Cassella mató a un hombre en Eivissa en el año 2008 a golpes. Fue condenado a diez años y medio de prisión. En la cárcel encontró acomodo en el economato, donde trabajaba. Sin embargo fue despedido después de cometer una falta grave. El ciudadano alemán emprendió entonces una batalla legal para pedir la anulación del despido disciplinario que ha terminado estrellada contra el TSJB que avala que el centro penitenciario actuó de forma correcta.

Cassella vivía en casa de un amigo, Tino Briner, de 59 años de edad. Una noche consumieron una gran cantidad de alcohol y droga. Mantuvieron relaciones sexuales y Cassella se sintió incómodo después. Empezó entonces una pelea en la que le agarró de la cabeza, le dio varios golpes contra una pared. La víctima cogió un cuchillo para defenderse pero el homicida se lo quitó y continuó el ataque hasta que le tiró al suelo y le rompió las costillas con las rodillas. Al quedarse encima de él fracturó uno de los huesos que perforó el pulmón de la víctima, que murió asfixiada. Un jurado popular declaró culpable de homicidio a Cassella. Durante el juicio él había sostenido que actuó en defensa propia.

En la cárcel comenzó a trabjar en el taller productivo del economato. Eso implica una especie de contrato laboral y el preso es dado de alta en la Seguridad Social por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario. Sin embargo, unos meses después, durante un registro al interno se le encontraron dos envoltorios con marihuana. Cassella admitió que era para hacerse dos porros. Se trata de una falta grave que llevó a una sanción disciplinaria y su despido del economato.

El preso acudió a los tribunales para que declararan improcedente su despido disciplinario. Primero un juzgado de lo Social le dio la razón. Argumentaba que Cassella había sufrido indefensión durante el procedimiento por una serie de irregularidades en la tramitación del despido. El Tribunal Superior no lo ve igual y mantiene que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del preso y da por bueno el despido.