Imagen del interior del Centro Penitenciario de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Mal negocio liarse con un estafador. El TSJB ha ratificado la decisión de la cárcel de Palma de despedir de forma fulminante a una auxiliar de enfermería que trabajaba en el centro penitenciario. El motivo es el tórrido affaire que la empleada mantuvo con un recluso y que se descubrió por la propia confesión del interno, que delató a su pareja ante la dirección del centro.

La trabajadora sanitaria llevaba siete años en la enfermería de la cárcel. En el año 2013 inició un romance con un preso que cumplía condena por una estafa inmobiliaria. Se habían conocido porque el recluso también trabajaba como ordenanza en la enfermería. La historia duró unos meses hasta un control rutinario. 'El Romeo' fue sometido a un cacheo. Los funcionarios encontraron que llevaba encima un teléfono móvil de última generación con acceso a internet, algo completamente prohibido entre rejas. En un primer momento el preso se negó a dar ningún dato sobre el teléfono. Sin embargo, ante un nuevo interrogatorio terminó por confesarlo todo: contó que el móvil se lo había dado la auxiliar. Dio la contraseña a la dirección de la prisión. El romance se terminó de hundir cuando los responsables de centro leyeron los mensajes de Whatsapp que se había cruzado la pareja.

Pocas semanas después, Instituciones Penitenciarias notificó a a la trabajadora de la enfermería su despido por tres faltas graves. La primera, la entrega del móvil al recluso. La segunda que también le hizo llegar comida y bebidas alcohólicas prohibidas en prisión. La tercera: «Usted mantuvo diversas relaciones sexuales en dependencias de la enfermería del centro con el citado interno, todas ellas durante su jornada laboral. Fuera del conducto reglamentario, usted mantuvo comunicación con el interno, prácticamente todos los días mediante mensajería whatsapp, a través del móvil que le había entregado.

En dichas conversaciones, usted y el interno, entre otras cosas, se intercambiaban fotos de carácter íntimo y hablaban de cuándo y en qué dependencias de la enfermería iban a mantener las relaciones sexuales que posteriormente tenían». La trabajadora recurrió el despido en los tribunales. Su defensa argumentaba que la prisión había conocido los hechos por un procedimiento ilegal a través del teléfono que tenía el recluso. Argumentaba que se había accedido al contenido del terminal sin permiso expreso de su dueña, la trabajadora.