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La Audiencia de Palma juzgará la próxima semana a un hombre para quien la Fiscalía pide 7 años de prisión por delito societario, falsedad y apropiación indebida, por quedarse supuestamente con 51.594 euros y un coche valorado en 17.564 euros de la empresa de cocinas que compartía con un socio.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron a partir de 2008, cuando el acusado, que era socio y contable de la empresa, se aprovechó de que se encargaba de las cuestiones económicas para realizar cobros en efectivo por trabajos realizados, no ingresar una parte de ellos en las cuentas bancarias de la sociedad y quedárselos, perjudicando a su socio, que se dedicaba más al diseño, montaje e instalación de las cocinas, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

El fiscal cree que esas operaciones las hizo entre enero de 2008 y septiembre de 2009 y llegaron a sumar 51.594 euros que se quedó con ánimo de beneficio económico.

Para poder apoderarse del dinero, el hombre contó con la colaboración de un consultor que les llevaba la asesoría tributaria y que no presentó en el Registro Mercantil las cuentas anuales de 2008 y 2009 para evitar que se descubrieran las anomalías y descuadres.

Cuando en octubre de 2009, el socio estafado pasó a ser administrador único de la sociedad, el Registro Mercantil exigió las memorias de 2007 y 2008, situación ante la cual el contable y el asesor tributario decidieron simular las firmas del otro socio en las certificaciones de juntas generales que nunca se celebraron y en las memorias de cuentas anuales.

Además, en abril de 2008, cuando los dos socios todavía eran administradores mancomunados de la empresa, el acusado decidió vender un coche propiedad de la sociedad por 17.564 euros, a beneficio de otra entidad de la que era dueño único.

La Fiscalía pide para el principal acusado 7 años de cárcel por dos delitos societarios en concurso con apropiación indebida y otro continuado de falsedad en documento mercantil, así como 7.200 euros de multa. Además deberá indemnizar a su exsocio con 17.564 euros por el coche, y de forma conjunta con el asesor fiscal de los otros 51.594 euros.

Para el asesor tributario, el ministerio público pide 4 años de prisión y multa de 3.600 euros, así como que comparta la indemnización por 51.594 euros con el otro acusado.

El juicio tendrá lugar el próximo martes ante la sección primera de la Audiencia de Palma.