TW
0

La jueza de lo Penal número 6 de Palma ha condenado a 2 años de prisión al representante de una falsa productora que estafó a once campos de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca (ACGM) al ofrecerles la grabación de unos vídeos promocionales para televisión que nunca llegaron a emitirse.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha sentenciado al acusado a 2 años de cárcel por estafa continuada, al incumplirse las condiciones del contrato de publicidad firmado con la Asociación de Campos de Golf de Mallorca, representada por Llorenç Salvà, abogado de Bufete Buades.

La jueza considera probado que el condenado estafó a diferentes campos de golf de la isla con la supuesta realización de una serie de reportajes promocionales de televisión que jamás fueron emitidos.

Según la sentencia, con el ánimo de obtener un beneficio económico, el productor canario les ofreció un reportaje de golf de Mallorca y les dijo que se emitiría entre junio y septiembre de 2012. Realizó las grabaciones pero nunca se emitieron.

También les dijo que estaba gestionando unas subvenciones de la Conselleria de Turismo y del Ibatur, cuando no consta que realizara ninguna gestión con esas entidades «ni antes ni durante la ejecución del contrato».

La jueza considera que la firma del contrato y los pagos por parte de los campos de golf se han probado y sin embargo las explicaciones del acusado de que la Conselleria de Turismo se comprometió verbalmente a asumir el 80 % del coste de los contratos, y de que no se llegaron a emitir las grabaciones porque el conseller de Turismo dimitió «carecen de refuerzo probatorio alguno».

Según la sentencia, el engaño fue anterior incluso a la firma de los contratos porque se firmaron en 2012, cuando la empresa del acusado ya estaba cerrada y el acusado había sido cesado como administrador único en febrero de 2011.

Que utilizara el DNI y una cuenta bancaria de su padre para las facturas revela su «intención de eludir el correspondiente pago de las cantidades que se reclamaban», según la jueza, que afirma que la intención del acusado no fue cumplir las obligaciones derivadas de los contratos.

Los responsables de varios campos de golf le denunciaron cuando no lograron contactar con él.

Además de la pena de prisión, también ha sido condenado a pagar 3.480 euros a ocho campos de golf afectados, por la cuantía de la defraudación.