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La Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará este martes y miércoles a once acusados de pertenecer a una banda que traficaba con cocaína y hachís en Palma y Manacor, y para quienes la Fiscalía solicita en total 103 años de cárcel y multas que ascienden a 7,7 millones de euros.

Según el escrito de acusación del ministerio público, la banda, formada por seis hombres y cinco mujeres, presuntamente cometió los hechos ilícitos desde diciembre de 2016 hasta que la Policía Nacional desarticuló el grupo en junio de 2017.

Los tres presuntos cabecillas de la trama, que son hermanos, se encargaban del aprovisionamiento de los estupefacientes, principalmente cocaína que provenía de Barcelona.

A través de diferentes contactos, conseguían introducir la droga en la isla de manera camuflada en el interior de vehículos. Para ello, contrataban a dos personas que se encargaban de transportar el encargo hasta Mallorca.

En mayo de 2017, la policía encontró en el interior del vehículo de una de las acusadas un paquete plastificado envuelto en una toalla que contenía 1.010 gramos de cocaína con una pureza del 81,9 %, cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado alrededor de los 206.000 euros, según el fiscal.

La pareja sentimental de uno de los hermanos, que también se sentará en el banquillo de los acusados, asumía el contacto con pequeños traficantes de la zona de Portocristo.

Los tres hermanos acusados de liderar la banda contaban con personas de confianza para almacenar las drogas en locales de Llubí, y uno de los colaboradores llegó a instalar un punto de venta en un garaje de Manacor.

Durante los registros, los agentes encontraron en los domicilios de los acusados en Palma, Manacor y Portocristo dinero en metálico, paquetes de cocaína, resina de cannabis, MDMA, móviles, tarjetas de teléfono, una báscula de precisión, restos de sustancias blancas y una prensa, entre otros.

Por ello, el fiscal solicita entre siete y ocho años para cada uno de los once implicados en esta trama contra la salud pública, y por ello, una multa de 700.000 para cada uno de los acusados.

Además, pide dos años de prisión más para cada procesado por pertenecer a un grupo criminal, tal como indica en el escrito de acusación.