Miguel Ángel Subirán, junto a su abogado, en el TSJIB. | Alejandro Sepúlveda

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El exfiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, tiene una segunda cita en el banquillo de los acusados. El titular del juzgado de Instrucción 1 de Palma ha iniciado los trámites para que sea juzgado por instar una denuncia falsa contra los dos inspectores de la Policía Nacional que le investigaron por irregularidades en el ‘caso Cursach’. El magistrado cierra la instrucción y considera que existen indicios de delito suficientes de que Subirán maniobró para que un testigo protegido del caso afirmara que había sido amenazado y coaccionado por los dos policías, cuando nunca había estado con ellos.

En el año 2021, con la investigación policial en torno al juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, abierta, un testigo protegido denunció por coacciones al entonces máximo responsable de la Policía Judicial, el ahora comisario Juan Márquez y al inspector Juan Palomo, conocidos como ‘los Juanes’. Ambos son los autores de todos los informes que cuestionan la actuación del juez y el fiscal y que sirven de base al juicio que ambos afrontarán en el TSJIB a partir de junio con una petición de más de cien años de cárcel para cada uno encima de la mesa. La denuncia del testigo se reveló como una falsedad.

El testigo había denunciado que sufrió una agresión con ácido en su domicilio. El asunto fue investigado por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que concluyeron que nada cuadraba y que, lo más probable es que fuera el propio denunciante el que se había lesionado a sí mismo. Fue citado en jefatura e interrogado por Homicidios. Ya en esa comparecencia, los agentes reseñaron que le había llamado Subirán. Ante la denuncia a ‘los Juanes’, la jefatura superior de Policía remitió lo ocurrido al TSJIB.

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Certificaba que nunca habían tenido contacto con el testigo y que se trataba de una maniobra para menoscabarlos, en la misma línea a otros casos que ambos habían plasmado en sus investigaciones. Subirán, para intentar contrarrestar el escrito policial, envió el mismo una grabación telefónica de una conversación suya con el testigo: en ella se hablaba de denunciar a ‘los Juanes’. El caso terminó en un juzgado de Instrucción.

Ante el juez, el propio testigo aseguró que fue Subirán quien escribió la denuncia en un ordenador en el despacho de un abogado. El ex fiscal ratificó esta versión en su comparecencia como imputado. Admitió que, tras la conversación telefónica con el antiguo testigo protegido quedaron y que fue él quien se encargó de dar forma en el ordenador a la denuncia que luego se reveló como falsa. Matizó que se limitó a transcribir lo que el otro le decía y que creía en su veracidad. El juez considera en su auto que existen indicios de que fue Subirán quien indujo al testigo a presentar una denuncia falsa.

Cierra la instrucción e inicia los trámites para que ambos sean juzgados. Esta vez sería en un juzgado de lo Penal de Palma. Ahora la causa está en manos de la Fiscalía, que tiene que calificar lo ocurrido. El Ministerio Público ha encargado la causa al fiscal superior de Castilla-La Mancha. En la causa también están personados como acusación particular los dos mandos policiales denunciados en falso.

El apunte

A tres semanas del primer juicio

El auto de transformación del juzgado de Instrucción llega a apenas tres semanas de que Subirán se siente por primera vez en el banquillo de los acusados en el TSJIB. La Fiscalía reclama penas que superan los cien años de cárcel contra él, el exjuez Manuel Penalva y cuatro agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, todos ellos los máximos responsables de la investigación de los casos Cursach y ORA. La acusación más grave del juicio son una decena de detenciones ilegales en esta segunda causa, en la que se llevó cabo el arresto de toda la mesa de contratación del Ajuntament y más tarde se ordenaron dos prisiones provisionales. También se incluye la persecución y el arresto de los familiares del exdiputado del PP, Álvaro Gijón. Penalva y Subirán basan su defensa en una petición de nulidad radical de toda la causa.