Los dos agentes se desplazaron a Madrid para llevar a cabo la detención en abril de 2019. En ese acto, confirmaron que la acusada entregó de forma voluntaria su teléfono móvil y que admitió que formaba parte del grupo de wasap Sancus junto a Penalva y Subirán. Sin embargo, la defensa cuestiona en el juicio la validez de la entrega y la custodia del terminal hasta que fue volcado meses después. En su declaración, los dos confirmaron que estaba asistida por su abogado cuando les dio el terminal y las claves de desbloqueo, que lo pusieron en modo avión y así llegó a la jefatura de la Policía Nacional.
Otro agente, testigo a propuesta de las defensas, declaró sobre un episodio posterior a la detención de la familia de Álvaro Gijón y afirmó que entraron en una cuenta de Gmail que había sido incautada por la policía y borrado gran cantidad de datos. El propio hermano de Gijón, Teo, que ejerce como abogado en el juicio, planteó al agente si comprobaron que esos mismos datos estaban en un disco duro. No fue posible aclarar si se había llegado a volcar ese dispositivo. El asunto de esa cuenta fue empleado por los acusados para justificar los arrestos, por los que la Fiscalía les acusa también de detención ilegal.
Un subinpsector, que estaba al frente del Grupo de Conducciones, confirmó que fue él quien llevó al empresario Antoni Roig el número de teléfono del subinspector acusado, Miguel Ángel Blanco, aunque negó que le dijera nada amenazante. «Me pidió el favor y se lo hice». También fue interrogado por la acusación de Cursach y Bartolomé Sbert sobre un episodio en los calabozos de los juzgados de Via Alemania entre el segundo y Blanco en el que ocurrieron unas supuestas amenazas. «¿Usted permitía entrevistas de detenidos con policías sin sus abogado? ¿Dónde se reseña eso?», atacó el abogado.
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