Víctor MalagónPalma 22/02/24 0:30
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Con el supuesto amaño de las oposiciones de la Policía Local empezó todo. En 2013, la Guardia Civil registró el cuartel de San Fernando con un auto firmado por el juez José Castro. Todo lo que vino después, un centenar de imputados, más de una decena de policías en prisión preventiva, el ‘caso Cursach’, la madame y el 29, tuvo ahí su Big Bang. En el momento álgido de la causa, el entonces fiscal Miguel Ángel Subirán, ahora condenado a nueve años de cárcel, decía que tuvo una revelación cuando vio que los imputados llegaban con abogados que él consideraba caros: «Si pueden pagarlos es que son unos corruptos».

Pese a ser el inicio de todo, el juicio llega cuando casi todo ha terminado: el ‘caso Cursach’ hizo aguas y acabó en absolución masiva; la otra pieza inicial, sobre Calvià, también quedó en nada; Subirán y el juez Manuel Penalva ya han sido condenados a nueve años de cárcel cada uno por el TSJIB. La cuestión entonces es por qué el inicio de todo ha tardado tanto en ser juzgado. Al menos en este asunto hay un dato medio objetivo: un policía local tenía antes de tiempo las respuestas de un examen. Quién se lo dio y por qué se verá en el juicio. Sin embargo, el tema quedó sepultado por toneladas de sumario durante años. Lo que llega ahora a la vista es casi el estado de las actuaciones tal y como estaba en 2014, podría haber sido juzgado hace siglos, pero de esta pieza se esperaba que cuadrara un círculo de control político que nunca apareció.

Con testigos fallecidos, otros que no se acordarán de nada y penas no demasiado severas, se esperaba un juicio tranquilo. El fiscal, Juan Carrau, rompió ese esquema de entrada al convertir a uno de los acusados en su testigo estrella. Montesinos fue el agente a través del que se destapó el caso cuando llegó a la Guardia Civil un protocolo notarial que había hecho con las preguntas. Si no hubiera declarado, la acusación se hubiera quedado muy tocada. El fiscal admite que se vulneraron sus derechos y le pasa a testigo. Por cierto, en esta pieza sí que está personado el Ajuntament de Palma tras de pagar el resto de casos.