El Govern invertirá 18,6 millones en obras en Son Dureta hasta que se inaugure el nuevo hospital
El Govern deberá invertir 18,6 millones en Son Dureta para poner al día algunas de las infraestructuras que se encuentran en peor estado. Estas obras urgentes se llevarán a cabo aunque la Conselleria de Salut proyecte un nuevo hospital de Son Dureta.
El Govern balear sólo tuvo tres horas para recurrir la suspensión de la LOCE
El conseller de Educació, Francesc Fiol, calificó ayer de «atropello» y «trágala» la postura adoptada por el Gobierno central para poder suspender via decreto la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que aprobó el Ejecutivo del PP. Fiol desveló durante el pleno del Parlament que el Consejo de Estado concedió ayer mismo al Govern un plazo de poco más de tres horas para poder presentar alegaciones en contra de la suspensión de la LOCE.
Madrid se compromete a respetar los convenios firmados con Balears
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se comprometió ayer en Palma a que el Gobierno que presiden Rodríguez Zapatero va a cumplir todos los convenios firmados la pasada legislatura entre el Estado y el Govern, incluido el de carreteras. Sevilla garantizó al president del Govern, Jaume Matas, que se van a respetar todos los acuerdos firmados entre el Ejecutivo y el gabinete de Aznar, algunos de ellos aprobados pocos días antes de las elecciones.
El Govern necesita 1.300 millones millones de euros más para sanidad y educación
El estudio preliminar de la demanda de major financiación para sanidad y educación realizado por la Direcció General d'Economia ha determinado que Balears necesitaría el próximo año algo más de 2.228 millones de euros (370.708 millones de pesetas) para realizar una buena gestión en sanidad y educación frente a los 880 millones de euros que recibe actualmente del Gobierno central para estas dos competencias.
El Govern ha cuadruplicado desde 1999 el gasto dedicado a custodia de menores
Desde 1999, el Govern ha tenido que multiplicar por cuatro el gasto que implica el mantenimiento del servicio de custodia de menores. El Ejecutivo espera contar con el apoyo financiero del nuevo Gobierno socialista para mejorar la tutela de los menores con condenas.
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