Andy Kohlberg y Maheta Molango conversan en el palco del estadio de Son Moix en los prolegómenos del partido ante el Almería. | Miquel Àngel Llabrés

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Maheta Molango quiere seguir. A pesar del clamor popular que reclama su marcha, de la indignación general por su silencio y huida el pasado domingo en Anduva tras consumarse el descenso del Real Mallorca a Segunda División B, el consejero delegado de la SAD balear tiene la intención de continuar al frente de la entidad isleña. Molango, que tiene previsto ofrecer este martes una rueda de prensa para analizar la situación, ha expresado en su círculo más íntimo su intención de no dimitir. De no abandonar el cargo y de cumplir el contrato que le liga al club. Ni siquiera la caída a la categoría de bronce, después de 36 temporadas en el fútbol profesional, parece que variará la hoja de ruta trazada por el consejero delegado.

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La Administración Sarver aboga por ser paciente e insiste en su intención de mantener un proyecto a 5 años a pesar del descenso a Segunda División B en su primera temporada y media, poco más de 500 días, como propietario del club. Esta apuesta continuista incluye a Maheta Molango, que tiene contrato en vigor y que, en principio, no será destituido. Otra de las incógnitas que se abren tras consumarse el descenso a Segunda B afecta a las instalaciones. El club balear no solo mantendrá Son Moix y Son Bibiloni sino que acometerá mejoras en la Ciudad Deportiva con la construcción de un nuevo campo de entrenamiento al lado del local social.

El club deberá adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque es un extremo que todavía no ha sido confirmado por ningún gestor de la entidad, la nueva categoría obligará a redimensionar el club y no se descarta que sea a nivel de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a los integrantes de la plantilla. El Real Mallorca debe hacer efectivo en noviembre de 2017 el pago de algo más de 7 millones de euros a los acreedores ordinarios para cumplir con el convenio firmado en 2011. Concretamente la SAD Balear ha de hacer frente al abono de 7.322.203,70 euros en los que está cifrada la deuda con los acreedores de carácter ordinario.