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El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha registrado en el Ajuntament alegaciones contra el procedimiento para la privatización del servicio público de agua potable de Calvià mediante concesión, en las que exige que el promotor de la medida, el equipo municipal de gobierno, incluya en las cláusulas un «pacto de garantía laboral» para la salvaguardia de los puestos de trabajo afectados.
El pacto reclamado por la CGT, que ha contado con la asesoría del letrado especialista Pablo Alonso de Caso, equipararía para los actuales empleados el derecho de opción ante el reconocimiento de un despido improcedente -es decir, readmisión o indemnización-, que asiste a los representantes de los trabajadores, de manera que aun cuando no tuvieran la condición de representante en la empresa podrían decidir ante un despido reconocido como improcedente su futuro en la entidad.
Las alegaciones de la CGT argumentan también que, «contra lo manifestado en plenario por el alcalde, Carlos Delgado, los trabajadores no solicitan que se les contrate 'a dedo', como a los asesores del Ajuntament, sino que se pretende evitar la ruptura del equilibrio económico-social al que había llegado la empresa 'Calvià 2000' a lo largo de sus veinte años de bagaje empresarial».