Renacionalizaciones o mercado

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En los últimos meses algunos líderes políticos como Jeremy Corbin, Bernie Sanders o recientemente Pablo Iglesias (esgrimiendo el artículo 128.2 de la Constitución) parecen haber reabierto un debate aparentemente cerrado abogando por la renacionalización de empresas en sectores como los ferrocarriles, el sistema postal, el sector eléctrico e incluso el sector financiero. Aunque tras décadas de privatizaciones el retorno a las empresas públicas pueda parecer un proceder ilógico o incluso utópico, vale la pena estudiar los argumentos teóricos esgrimidos por sus defensores para tenerlos en cuenta a la hora regular nuestra economía.

Los defensores de la empresa pública argumentan que su existencia se fundamenta en la existencia de fallos de mercado. En ocasiones, el comportamiento lógico del mercado puede conducir a la formación de monopolios naturales. En el transporte ferroviario, la electricidad, el agua, el gas o las telecomunicaciones existen claros incentivos a que las empresas se vayan fusionando para evitar duplicidades en las redes de distribución y disminuir costes. El problema de los monopolios naturales es que al no tener competencia pueden acabar abusando de su posición dominante, obteniendo mayores beneficios a costa de los consumidores. Es por dicha razón que en el pasado muchos de estos monopolios fueron ejercidos por empresas públicas, nacionalizándose así las rentas extraordinarias obtenidas.

El segundo fallo de mercado esgrimido es que los mercados no garantizan el acceso universal a los servicios en igualdad de condiciones. En la educación o en la sanidad las empresas privadas intentarán hacerse con una cartera de buenos clientes, personas sanas o con buenas capacidades intelectuales y económicas, en detrimento de las personas enfermizas o con una menor base intelectual o económica. Para garantizar la igualdad de acceso a los ciudadanos muchos estados intervinieron en el pasado en dichos sectores, realizando una prestación pública de servicios de forma colectiva.

Pero al igual que en los monopolios naturales en los años setenta la burocratización e ineficacia del sector público a la hora de adoptar innovaciones y mejoras y su tendencia a anteponer los salarios y el bienestar individual de los trabajadores públicos sobre el bienestar general llevaron al desmantelamiento progresivo de las empresas publicas y la privatización de las mismas o de sus servicios. Sin embargo, la crisis actual, el aumento de las desigualdades y la sensación de corrupción política han contribuido a generar una desconfianza creciente sobre los servicios prestados por empresas privadas, incrementándose, por el contrario, la confianza en un sector público en teoría cada vez más profesional.

A esta sensación también ha ayudado la existencia de empresas como Google, Factbook, Microsoft, etc. en sectores estratégicos y cuyo desempeño social y económico han contribuido a abrir el debate de nuevo sobre la necesidad de control público. ¿No son acaso monopolios naturales con capacidad de abuso? ¿No prestan servicios cuasi necesarios para el ejercicio de las actividades económicas discriminando a favor de sus mejores clientes?
Pero ante la tentación de renacionalizar nuestra economía cabe recordar que el Estado tiene instrumentos alternativos como la regulación de la competencia para evitar o fragmentar monopolios o frenar el abuso de posiciones dominantes.

El Estado puede regular para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios, manteniendo en cualquier caso la presencia del sector público en servicios como la educación o la sanidad sin menoscabo de la iniciativa privada. La cuestión que nos deberíamos plantear no es si debemos tener un nuevo sector público empresarial justo y eficiente si no que deberíamos plantearnos cómo conseguir tener instituciones y agencias reguladoras y supervisoras eficientes y modernas que defiendan el interés general sin someterse a intereses particulares o minoritarios.

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