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En las páginas del Anuario de esta publicación escribíamos que, después de un cierre masivo de oficinas durante los últimos años, el proceso no había concluido y menos aún en nuestra comunidad.

Efectivamente, en el período 2008/16, si bien en España se cerraron más del 37% de las oficinas bancarias, en Balears el impacto fue menor; de hecho prácticamente alcanzó el tercio, bastante menos que la pérdida de sedes centrales, manteniendo todavía menos de 1.300 habitantes por oficina, el menor ratio del Estado, donde por otra parte, la evolución a la baja del número de empleos no ha sido tan drástica, ya que ha caído solo algo por encima del 20%, unos 50.000 desde el año 2000.

Si nos preguntamos por las causas, es obvio que partíamos de una capacidad excedente, fruto de una expansión excesiva en los años anteriores a la crisis, incluso con oficinas que generaban pérdidas, pero no es menos cierto que la bajada de la rentabilidad bancaria en toda Europa, aquí también ha tenido sus consecuencias. Activos enfermos improductivos; volumen de negocio todavía en descenso; reducidos tipos de interés, hasta negativos, con un efecto directo: la reducción del margen; mayor exposición internacional en un mundo en permanente conflicto; obligada y necesaria aplicación de recursos tanto por el cumplimiento de la nueva normativa, como para prepararse ante la amenaza que significa el cambio tecnológico, al eliminar barreras de entrada a nuevos y fuertes competidores, Google, Amazon, Facebook…, bien dispuestos para lograr una parte del negocio.

Todas estas circunstancias determinan la imperiosa necesidad de bajar costes para mantener la rentabilidad, cuya manera más simple de hacerlo es mediante mayor especialización y cierre de las oficinas más ociosas, disminuyendo también empleos, algunas veces mediante fusiones, por lo tanto, proceso que tampoco podemos dar por terminado.