Así lo confirmó ayer la consellera de Salut i Consum, Aina
Castillo, puntualizando que se trata de un estudio «estimativo»
elaborado por la Direcció General de Planificació i Finançament,
siempre en base «a las declaraciones del delegado del Gobierno,
Ramón Socias, que calculaba que el proceso de regularización
afectará a unos 30.000 inmigrantes».
Balears cuenta en la actualidad con 951.436 tarjetas sanitarias
de las que 127.324 pertenecen a extranjeros -tanto comunitarios
como extracomunitarios-, según los datos de los que dispone Salut y
que suponen un gasto anual de 1.000 euros por ciudadano.
«Lo que hemos hecho es calcular el actual gasto sanitario por
cada uno de los ciudadanos con tarjeta sanitaria y sacar la media
de lo que costará la atención sanitaria a los inmigrantes que
regularicen su situación en las Islas», concreta y puntualiza que
el coste será de aproximadamente 1.000 euros por cada uno de los
30.000 nuevos ciudadanos que pueden ser regularizados.
Consejo
La consellera acudió ayer, después de que en la noche del lunes y
tras muchos tiras y aflojas las comunidades autónomas dirigidas por
el PP decidieran asistir a la reunión, al Consejo Interterritorial
de Sanidad celebrado en Sevilla en el que pidió, una vez más, a la
ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, la necesidad de
tratar el problema del incremento de la población inmigrante en las
Islas -que representa el 17 por ciento del total- y que supone, en
palabras de Castillo, «un coste económico importante» para el gasto
sanitario autonómico balear.
Castillo añade que la ministra sigue sin querer abordar «los
problemas sanitarios específicos de las Islas» y se muestra
preocupada por el hecho de que no existe diálogo entre Salgado y
los representantes de las autonomías.
Por otra parte la consellera dijo que la ministra no ha querido
abordar el otro gran problema de las Islas, «los costes de traslado
de pacientes entre las Islas», concreta y añade que no entiende la
actitud de la ministra, especialmente si se tiene en cuenta que
ambos temas no son abordados, a pesar de que la Ley de Cohesión
Sanitaria así lo establece. En la reunión la consellera solicitó a
la ministra una respuesta sobre la carta que le remitió hace unas
semanas y de la que todavía no había obtenido respuesta sobre la
petición de que el Gobierno ayudara a financiar el proyecto de
investigación de la Fundación Caubet, entre otros.
Por su parte la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado,
reiteró ayer que las comunidades autónomas «tienen algo que decir»
a la hora de aportar recursos financieros que asuman el gasto
sanitario generado por las asistencias dispensadas a los
desplazados de otras comunidades, en respuesta a las críticas
realizadas por los consejeros de Sanidad de las comunidades
gobernadas del PP -entre ellos Castillo-, que acusaron al
ministerio de «irresponsabilidad» en esta cuestión.
Por otra parte la lucha contra el tabaquismo será, con 286.596
euros, el aspecto que recibirá más dinero por parte del Consejo
Interterritorial de Salud, el cual acordó ayer otorgar a las Islas
1.070.357 euros para el desarrollo de varias políticas de fomento
de la salud. También se trasferirán 168.421 euros para que se
lleven a cabo en la Comunitat Autònoma acciones de prevención de la
diabetes así como 141.496 euros para las políticas de seguridad de
los pacientes del sistema sanitario y de sus profesionales. Balears
un total de 63.895 euros se destinarán a aquellos programas de
prevención de las llamadas enfermedades emergentes y
reemergentes.
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