Según la documentación de Territori, el Consell ha abierto 23 expedientes para instar en la revisión de oficio o impugnar licencias de los ayuntamientos.
Sólo entre los años 2003 y 2005, el Ajuntament de Selva, gobernado por el PP, ha visto cómo se le abrían cinco expedientes. Pero el año pasado el Ajuntament d'Andratx, también en manos del PP, ha provocado la apertura de seis. En el caso de Andratx, además, el Consell ha requerido en el Consistorio nueve expedientes de licencias en los últimos seis meses y todavía no los ha recibido, aunque el Ajuntament está obligado a enviarlos.
Otro ayuntamiento prolífico en la comisión de infracciones urbanísticas es Santa Margalida, también controlado por los populares. En este caso, de los tres expedientes abiertos contra actuaciones urbanísticas, dos ya han comportado sentencias que dan la razón a la institución insular.
Con todo, municipios gobernados por el PSM también aparecen en la lista. Campanet, por ejemplo, acumula una impugnación de una licencia y una sentencia en contra. Petra ha sido el último ayuntamiento en recibir una sentencia que anula una licencia y lo obliga a restaurar el orden urbanístico infringido, con demolición incluida y pagando los gastos.
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