Imagen del aeropuerto de Palma el día 3 de diciembre de 2010. | Jaume Morey

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La magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Ana Cameselle, ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa abierta en 2010 por el caos aéreo del puente de la Constitución de ese año provocado por el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, 22 de ellos en Balears.

Miles de pasajeros en toda España quedaron atrapados en los aeropuertos, se cerró el espacio aéreo y el Gobierno militarizó las torres de control para recuperar la normalidad.

En Balears, unos cien mil usuarios resultaron afectados, y la Fiscalía decidió instar una querella contra los controladores aéreos por un delito de sedición.

Tras cuatro años de instrucción en la que se han relevado tres jueces, Juan Catany, Juan Manuel Sobrino y Ana Cameselles, ésta última desde hace un par de meses, la causa ve agotada la vía penal.

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La magistrada, no obstante, afirma en el auto, contra el que cabe recurso de reforma o directo de apelación, que si el caso estuviese en la vía civil «podría afirmarse que estamos ante un fraude ley», subraya.

Pero al instruirse la causa en la vía penal, su conclusión es que se está ante «un abandono impropio» (por parte de los controladores aéreos), que «no tiene cabida en el tipo objetivo del delito perseguido ni en otras figuras delictivas que se han barajado», precisa.

La jueza decretó el sobreseimiento libre de la causa tras analizar lo instruido hasta ahora y escuchar en la torres de control de Palma las conversaciones grabadas que mantuvieron los profesionales que dirigen el tráfico aéreo.

«De la escucha de esas conversaciones –añade– las cuales no dejan duda alguna sobre el concierto expreso o tácito, pero concierto, de los controladores para el abandono indicado, siendo muy llamativas ls continuas referencias a ellos mismos como colectivo, lucha, guerra, etc». El auto recuerda que tras un real decreto de 3 de noviembre de 2010 que perjudicaba a las condiciones de trabajo de los controladores, entre 60 y 70 profesionales de Palma se reunieron en asamblea.

Después los controladores empezaron a sentirse indispuestos para trabajar. La jueza señala que «no existen indicios suficientes para determinar el contenido exacto del acuerdo ni si fue solo tomado por varios y luego obtuvo, de facto, la adhesión o seguimiento de otros, o si fue puramente espontáneo y contagioso».