Los socialistas, que han remitido hoy esta solicitud al juez José Castro, del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, señalan en su petición que «existen indicios» de que en el desarrollo de los convenios de las cumbres Valencia Summit, Grau «ha podido tener decisiva e imputable intervención».
En el escrito afirman que tras cuatro años de instrucción se ha constatado la existencia de «indicios fundados de criminalidad» en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios suscritos entre el Instituto Nóos, la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para la celebración del Valencia Summit durante los años los años 2004, 2005 y 2006.
En los 66 folios remitidos al juzgado de Palma destacan la «incuestionable naturaleza pública de la Fundación Turismo Valencia y su obligada sujeción, por tanto, a las normas y principios que rigen la contratación pública».
En este aspecto, recuerdan que Alfonso Grau manifestó, en su declaración como testigo prestada el pasado abril, que la decisión de firmar los convenios con el Instituto Nóos fue de los miembros que conformaban la Junta de Patronos de la Fundación Turismo Valencia y no del Ayuntamiento.
Sin embargo, añaden, del contenido de las declaraciones como testigos de estos patronos «se ha podido constatar la falacia mantenida por el señor Grau» sobre la «real responsabilidad y poder de decisión de los patronos», ya que el Ayuntamiento «lejos de ser un socio minoritario era la institución que dominaba y controlaba los planes, programas y presupuestos de la fundación».
Durante la instrucción del caso, estos testigos coincidieron en señalar que el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia era la persona que llevaba a las reuniones del Patronato la decisión de patrocinar los Valencia Summit, según el escrito.
«La responsabilidad de que la Fundación Turismo Valencia firmara los convenios con el Instituto Nóos recae exclusivamente en el Ayuntamiento de Valencia, siendo el señor Grau, por tanto, el responsable de los ilícitos penales que se cometieron con ocasión de la firma, ejecución y desarrollo de estos convenios», aseguran.
El grupo socialista recuerda que fueron contrataciones «estrictamente voluntaristas», que no obedecían a procurar el interés general y su único fin fue «poder beneficiar económicamente con cargo de las arcas públicas valencianas a D. Iñaki Urdangarín, por su condición de yerno de Su Majestad el Rey».
Además, señalan que se hicieron al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin comprobación prevista del precio por el que se contrataban.
En el escrito, los socialistas también afirman que es «indiscutible» la existencia de una reunión privada entre Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, con el entonces president de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Barberá reconoció que en esa reunión remitió a Urdangarin a CACSA y la Fundación Turismo Valencia «por ser las entidades más adecuadas para firmar estos convenios», según recuerda el PSPV, que añade que fue la propia alcaldesa quien transmitió esta proposición a Grau, pese a que éste dijo que la propuesta que recibió la fundación de firmar los convenios con el Instituto Nóos provenía de CACSA.
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha mantenido, en un comunicado, que «Barberá y su equipo no dieron ningún paso para defender los intereses de Valencia ante los fondos que fueron indebidamente pagados a la Fundación de Nóos» y ha anunciado que su próximo paso judicial será reclamar «la devolución de ese dinero».
Comunicado de Grau
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha asegurado hoy que la petición del grupo socialista para su imputación en el caso Nóos por varios delitos es una «pretensión política» dada su «incapacidad» e «impotencia» para «presentar una alternativa creíble para la ciudad».
Grau se ha manifestado en estos términos, a través de un comunicado, tras conocer la petición de los socialistas, en la que según él «no hay ningún hecho novedoso» y ha recordado que ha declarado dos veces como testigo ante el juez instructor, José Castro, bajo juramento de decir la verdad: «Y la he dicho».
«Otra cuestión es la impotencia política manifiesta del grupo socialista de presentar una oposición con propuestas y argumentos que les puedan llevar a una confrontación electoral», ha resaltado.
Como esto «no lo consiguen, pretenden como sea y a costa de lo que sea, a través de mi persona -ha señalado-, y ya lo intentaron a través de la alcaldesa, mezclar al ayuntamiento en este tema».
Ha insistido en que, «mal que les pese a los socialistas», la Fundación Turismo Valencia, es «de derecho privado, no sometida a la ley de contratos de la Administración pública, y así está probado».
Grau ha recordado que en un órgano colegiado, cuando se informa de un tema y se somete a votación, «el que está como representante asume su papel» y ha apuntado que las actas se pueden consultar aunque «luego cada cual puede decir lo que quiera o querer aparecer como un irresponsable, pero ésa es la responsabilidad de cada uno».
El vicealcalde también ha señalado que ni el representante del Ayuntamiento ni él mismo, en calidad de presidente de la Fundación, tenían voto de calidad ni la mayoría en dicho órgano colegiado.
Grau ha reiterado que la petición del PSPV sólo tiene una interpretación política y su único objetivo es «tratar de desprestigiar al adversario ante su incapacidad para prestigiarse ellos solos».
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