La infanta Cristina durante el funeral por el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, primo del Rey Juan Carlos, el pasado mes de octubre en Madrid. | Efe

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La imagen de la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados cuando el 11 de enero arranque en Palma el juicio del caso Nóos será la portada del 2016 judicial, un año que también estará marcado por las investigaciones del caso Púnica, la familia Pujol y Rodrigo Rato.

La infanta pasará ese día delante del medio millar de periodistas acreditados para la primera jornada del juicio, cuando se debatirá si aplicarle la doctrina Botín, gracias a la que saldría de la lista de acusados por cooperar a dos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de cárcel.

La Fiscalía no ha presentado cargos contra la infanta y solo lo ha hecho una acusación popular -Manos Limpias, que pide 8 años de prisión-, razón por la que podría salvarse del banquillo en el caso de que la sala decidiese aplicarle la doctrina del Supremo que en 2007 eximió al banquero de ser juzgado.

El tribunal se da cuatro semanas para resolver esta cuestión y antes de que reinicie el juicio el 9 de febrero se sabrá si la hermana del Rey tiene que volver a Palma junto a su marido y sentarse junto a los otros 16 acusados, entre ellos el expresidente balear Jaume Matas.

Se esperaba que 2016 sería también el año del juicio de Gürtel, pero fuentes jurídicas consultadas posponen por ahora esa vista a principios de 2017, a no ser que antes se pongan magistrados de refuerzo o se suspendan juicios anteriores en la sección segunda de la Audiencia Nacional.

Lo mismo ocurre con el juicio contra el extesorero Luis Bárcenas por la caja B del PP, que se fijaría poco después de Gürtel.

Otra vista pendiente de señalamiento es la de las tarjetas opacas de Caja Madrid contra exdirectivos de la entidad como Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ya procesados junto a otras 58 personas.

En el año que entra, el exministro Rato continuará con otro frente judicial abierto: la investigación que lleva el juzgado de instrucción 31 de Madrid contra él por supuestos delitos fiscales y blanqueo por haber escondido parte de su patrimonio en el extranjero.

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Los jueces Santiago Pedraz y José de la Mata seguirán también indagando la fortuna oculta en Andorra del expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa y seis de sus siete hijos, un caso ahora reunido en la Audiencia Nacional después de que una jueza de Barcelona accediera a enviarlo.

Lo primero que tiene que hacer De la Mata es decidir si cita de nuevo a Jordi Pujol hijo y le envía a prisión, tal y como le pidió UPyD, y se baraja que llame también al padre a comparecer en la Audiencia Nacional.

En Cataluña, concretamente en Tarragona, seguirá la instrucción del caso de las comisiones del 3 por ciento de CDC; y en Sevilla continuará la de los ERE, que pasó por el Supremo y volvió a la capital andaluza.

La trama Púnica también dará que hablar, sobre todo cuando Eloy Velasco levante el secreto sobre la confesión de David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados.

A raíz de las revelaciones que hizo el pasado verano durante trece horas, el juez está tomando declaración a decenas de personas y espera, por otra parte, la información pedida a seis países en tres continentes -Holanda, Costa Rica, Panamá, Suiza, Liechtenstein y Singapur- sobre el dinero que pudo ocultar la trama corrupta.

Enero y febrero serán los meses de los juicios, todos ellos de materia económica: Viajes Marsans, Afinsa, Caja Castilla La Mancha (CCM), en la Audiencia Nacional; y la vista por una demanda colectiva contra Bankia, en un juzgado de Madrid.

Así, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (en prisión desde 2012 por fraude) se sentará en el banquillo por la apropiación del capital de más de 4.000 clientes de Marsans; se retomará el juicio contra Afinsa por el supuesto fraude en la venta de sellos que afectó a más de 190.000 ahorradores y se celebrará la vista contra la antigua cúpula de CCM por falsear las cuentas de la entidad.

Aunque el protagonista económico será Bankia, que tendrá que personarse al primer juicio contra la entidad, de carácter civil, por la demanda colectiva de 660 accionistas que denunciaron irregularidades en la salida a bolsa, mientras la Audiencia Nacional sigue investigando la vertiente penal iniciada por los preferentistas.

Otros casos que darán titulares son los que investigan, también en la Audiencia Nacional, a Volkswagen por supuesto delito ambiental y a los exdirectivos de la extinta Caixanova por irregularidades en operaciones inmobiliarias, así como a la antigua cúpula de Abengoa.