Jaume Matas monta en bicicleta durante una visita a las obras del Palma Arena. | M. À. Cañellas

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El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha ordenado este lunes la apertura de juicio oral de dos piezas del caso Palma Arena contra el expresidente de Balears y exministro Jaume Matas por contratar la construcción del velódromo, en las que se enfrenta a peticiones de condena que suman 4 años de prisión.

Castro ha dictado los autos de apertura de juicio oral de las piezas número 8 y número 9 de este caso, contra Matas y el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, por delitos de fraude a la administración y prevaricación, por la contratación supuestamente arbitraria primero del arquitecto Ralph Schürmann en 2004 para construir el Palma Arena y después, en 2005, del despacho de arquitectura GR1.

El magistrado aprecia que existen indicios racionales de criminalidad contra ambos acusados en estas dos piezas que investigan los hechos supuestamente delictivos en la adjudicación de las obras, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Además de decretar la apertura de juicio oral, el juez requiere al expresidente autonómico y al exdirector de Deportes que presten fianzas que suman entre los dos casos 1,3 millones de euros. Matas deberá aportar 1,28 millones y Ballester 77.831 euros, al objeto de asegurar la responsabilidades civiles que reclaman las acusaciones.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la comunidad autónoma de Balears (que ejerce la acusación particular), piden 2 años de prisión para Matas por presuntos fraude a la administración y prevaricación por la contratación de Schürmann y otros 2 años por la del despacho GR1, en el que además aprecia falsedad.

Por contratar de forma arbitraria a Schürman, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación para Matas por fraude a la administración y prevaricación en concurso medial con falsedad; y solicita idéntica pena y por las mismas acusaciones por la segunda contratación.

Para Ballester pide 3 meses de prisión a sustituir por multa de 540 euros e inhabilitación durante 3 años y 3 meses, por cada una de las dos contrataciones. En total reclama para él una multa de 1.080 euros al tener en cuenta que ha colaborado con la Justicia en la investigación de los hechos y ha reconocido su participación.

Anticorrupción pide además que ambos sean condenados a pagar 855.944 euros de responsabilidad civil de forma conjunta por contratar al despacho GR1 (un 5 % Ballester y un 95 % Matas), y 16.326 euros por el otro contrato (10 % el ex director general de Deportes y 90 % Matas).

Después de la adjudicación a Balears en 2004 de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, el Consell de Govern aprobó la construcción de un espacio polideportivo que luego sería el velódromo Palma Arena.

Según el fiscal, Matas designó a la Fundación Illesport para que se ocupara de la construcción y luego a otro consorcio, porque no estaban obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración y así podía «imponer sus decisiones unipersonales sobre quien y cómo construiría» el velódromo.

Puso al frente de Illesport a Ballester con «la única y exclusiva finalidad de tener un control más directo» y estableció «una farsa orquestada» de funcionamiento para aparentar que su patronato era el que tomaba las decisiones, cuando «de facto» las adoptaba él.

La decisión de solicitar al Govern una aportación de 46,4 millones para construir la infraestructura «la toma real y únicamente Matas», según el fiscal.

Ballester concertó la obra verbalmente con Schürmann en noviembre de 2004 y los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz recibieron el encargo de Matas de colaborar con dicho arquitecto, que ni siquiera estaba colegiado en España.

Se contrató a Schürmann por 9.466.216 euros sin expediente de contratación y «omitiendo deliberadamente y conscientemente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia y sin justificar la supuesta exclusividad». El arquitecto presentó facturas por 2,3 millones y cobró 1.632.216 euros.

Este contrato se rescindió en 2005 y, de nuevo sin procedimiento previo de contratación, Matas y Ballester encargaron a GR1 que siguiese con la construcción del velódromo. Con el despacho de los García Ruiz se formalizó otro contrato por 8.559.446 euros.