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Unas 14.800 personas han participado en la recogida de firmas organizada por la asociación Hazte Oír para que no se multe al presidente de la entidad Valores en Baleares, Juan José Tenorio, «castigado», según explican, «por criticar las leyes LGTBI» con motivo de la visita a Palma del presidente de Hazte Oír Ignacio Arsuaga en junio de 2016.

A través de esta iniciativa, los firmantes se están dirigiendo por correo electrónico a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para exigirle «que no multe a un ciudadano libre por unas supuestas manifestaciones de las que ni siquiera han podido probar su autoría».

Desde Hazte Oír aseguran que el Govern impone una sanción a Tenorio al atribuirle unas declaraciones hechas en la red social Facebook coincidiendo con la visita a Palma de Arsuaga, «cuya autoría no ha quedado probada», pero que, en cualquier caso, «expresan un malestar personal contra las consecuencias» de Ley LGTBI autonómica y «no difaman a nadie».

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Por su lado, el Ayuntamiento de Palma instó al Ministerio Fiscal a recurrir a la vía civil, a la vez que abrían un proceso administrativo amparándose en la Ley LGTBI. En octubre de 2017, la Fiscalía comunicó al juez instructor el archivo de la diligencia al entender que no había delito de incitación directa al odio, a la discriminación o a la violencia contra tales grupos. Sin embargo, en el informe se abría la puerta a una sanción administrativa, que como tal le fue impuesta a Tenorio en mayo.

La sanción se tramitó de acuerdo a la normativa de la Ley 8/2016 de 30 de mayo para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia.

Así, se consideró que Tenorio había emitido «intencionadamente expresiones vejatorias, de LGTBIfobia, en los medios de comunicación, en discursos o intervenciones públicas» y por ello se consideró que Tenorio había incurrido en una infracción leve, que ha sido recurrida.

Desde Hazte Oír piden que se deje de «perseguir la libertad de expresión» e insisten en que «a pesar de que la Fiscalía no ha encontrado delito de odio en sus supuestas manifestaciones, la administración balear se ha lanzado a degüello a sancionarle».