Los hechos denunciados ocurrieron cuando el demandante estaba el frente del colegio de la Colònia de Sant Jordi. En 2014 arrancan una serie de conflictos en el centro y reiteradas quejas de padres y madres. El pleno del Ajuntament de ses Salines llegó a votar por unanimidad un acuerdo en el que se pedía a la Conselleria la sustitución del director. En paralelo se produjo una denuncia de tres madres ante la Policía Local en el que se acusaba al director de manipular las listas de alumnos en beneficio de su mujer. De ahí derivó una investigación penal en un juzgado de Instrucción de Manacor que fue archivada. El escrito mantiene que tras esa decisión judicial continuó el «acoso y los actos de vandalismo en los vehículos».
El director dimitió a raíz de estas denuncias y siguió como profesor. Denuncia que ha sufrido graves episodios de discriminación y de abuso de autoridad, «por mandarle tareas que no corresponden a su perfil profesional y por encomendarle la realización de funciones no docentes en el comedor escolar».
Riesgos laborales
La pareja denunciante señala que ya puso una queja ante el servicio de prevención de riesgos laborales que intentó una mediación con la dirección del centro. Apuntan que renunciaron a esa mediación porque lo que pretendían era una investigación: «En lo que menos confiaban y confían era en una mediación con los acosantes, los cuales les siguen acosando y provocando deterioro de su salud física y mental».
La reclamación fue dirigida en un primer momento contra el Ajuntament de Ses Salines que, a su vez, solicitó un informe al Consell Consultiu. El dictamen de este organismo señala que, cualquier reclamación por parte del director tendrá que ser dirigida a la Conselleria y encomienda al municipio que remita a esta instancia todo el expediente.
A la hora de fijar la cantidad de la indemnización que reclama, el exdirector suma los gastos que ha tenido que afrontar para su tratamiento psicólogico, su defensa legal y otros 200.000 euros por daños morales. En ese sentido apunta a que ha tenido que estar bajo tratamiento durante 1.337 días y su pareja 1.400. En caso de que se deniegue el asunto puede acabar en los juzgados.
