La policía ha acompañado a los técnicos en el derribo de varias viviendas en Son Banya. | M. À. Cañellas

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Este miércoles se han retomado los derribos de las viviendas de Son Banya afectadas por una orden judicial de desahucio. El proceso se está llevando a cabo sin incidencias, al no hallar la comisión judicial moradores en el interior de las cuatro viviendas que está previsto que a lo largo de esta jornada sean historia.

Un total de diez furgones de policía, además de cinco coches, han llegado a primera hora al poblado para custodiar esta segunda esta segunda parte del derribo, en el que se desalojarán familias que se oponen a irse de Son Banya, pese a que tienen una orden de desahucio.

Está previsto que las tareas se lleven a cabo hasta las cinco de la tarde y que, entre este miércoles y el viernes, se tiren estas primeras viviendas. Ete mismo proceso se repetirá cada semana hasta que se tiren las 45 viviendas afectadas por las órdenes de desahucio.

El director general de Serveis Socials, Joan Antoni Salas, ha explicado que la comisión judicial ha encontrado las casas vacías, sin moradores, por lo que el proceso se está llevando a cabo con total tranquilidad y sin incidentes.

En algunas de las casas han podido entrar sin problemas porque no había ni puertas ni ventanas y en otras han tenido que tumbar la puerta para poder entrar. A lo largo de esta jornada se procederá a vaciar del todo las casas y retirar elementos de uralita.

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En concreto, según ha detallado, son tres de la calle cuatro y una de la calle cinco, en las que residían cuatro familias de las que no se acogieron voluntariamente al desalojo ni pudieron solicitar ayudas al Ayuntamiento de Palma por tener sus propios recursos.

La comisión judicial, que ya ha abandonado el poblado, ha aprovechado para notificar cuatro nuevas órdenes de demolición que se ejecutarán la semana que viene.

A las 11:30 horas comparecerá en el Ayuntamiento de Palma, la regidora de Benestar Social, Mercè Borràs, para explicar la evolución de este desalojo.

Primera fase

En los derribos de julio se derribaron las tres primeras viviendas, desalojadas voluntariamente por sus moradores. En esta ocasión, participaron 30 agentes de la Policía Nacional y otros 30 de la Policía Local.