Muchos turistas, especialmente de otros países europeos, no quieron dar todos los datos que le requiere Interior. | Ultima Hora

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El sector turístico llevará a los tribunales el registro de viajeros si no se reduce el número de datos a facilitar. Así lo han decido este martes en una reunión que se ha celebrado en la CAEB, a la que han asistido la asociación de agencias de Viajes Aviba y la Federación Empresarial de Hoteleros de Mallorca (FEHM). Los empresarios de Baleares lo harán de la mano con los del conjunto de España, ya que consideran que la medida aprobada por el Ministerior el Interior, que ya está en vigor, «es muy perjudicial para el sector turístico».

El presidente de Aviba, Pedro Fiol, ha expresado que su esperanza de que la orden ministerial corrija los «errores» que entiende que tiene el registro de viajeros, ya que Interior se encuentra en negociaciones con el sector. Sin embargo, ha advertido de que en el caso de que no lo haga «no nos quedará más remedio que recurrir a la vía judicial». En este caso, ha señalado que lo harán si «la orden ministerial no se ajusta a las legítimas peticiones del sector o alguno de nuestros asociados es sancionado».

Fiol ha recordado que el nuevo registro de viajeros, que entró en vigor este pasado 2 de diciembre, ya está teniendo consecuencias: algunos touroperadores están dejando de vender Baleares como destino turístico. Se trata de mayoristas pequeños, aunque resalta su impacto por el tipo de clientes con el que trabajan. En este sentido, ha asegurado que «perderemos turistas de congresos y deportivos, así como muchos otros segmentos, porque no es posible dar tantos datos con tanta antelación. Por ejemplo, cuando una empresa reserva un hotel para hacer un evento no sabe quiénes asistirán exactamente, ¿cómo va a dar más de 40 datos en 24 horas si desconoce quiénes participarán. Lo mismo sucede con los equipos deportivos. Este tipo de reservas se realizan con meses o, incluso, años de antelación, en base a previsiones pero no se trata de nombres confirmados».

El representante de las agencias de viajes y los touroperadores ha lamentado que perder a este tipo de clientes es «muy negativo para la economía balear», puesto que el gasto que realizan es superior al del turista medio y vienen en temporada media-baja, por lo que no contribuen a generar sensación de saturación. En este punto, ha argumentado que la confidencialidad de los datos es un aspecto al que se le da mucha importancia en Europa. «Hay mucha sensibilidad con el tema de la protección de datos; los europeos son reacios a facilitarlos», ha insistido.

Pérdida de tiempo y de clientes

Además, ha añadido que las propias empresas se niegan a proporcionar datos de sus clientes, ya que incluso temen que se pueda poner en práctica la venta de datos. A todo esto hay que añadir la complejidad de la plataforma SesHospedajes en la que deben registrar los datos. «El primer día se estrenó con colapso; ahora ya podemos introducir la información, pero en la mayoría de los casos al finalizar el proceso se bloquea y se pierde todo. Esto hace que tardemos cuatro veces más en hacer una reserva que antes». Fiol ha señalado que, aunque no les gusta tener que dar tanta información, los clientes de las Islas los facilitan porque son conocedores de la nueva normativa gracias a los medios de comunicación. El presidende de Aviba ha insistido en que todo esto les está generando una pérdida de clientes, que augura que irá a más. De hecho, las propias agencias se están planteando dejar de vender viajes del Imserso.

Rechazo de los hoteleros

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) también han expresado su disconformidad con el nuevo registro de viajeros, ya que considera que «en los términos actuales, supone para nuestras empresas una inseguridad jurídica muy elevada al requerir datos que suponen una injerencia en la intimidad del cliente e implican el tratamiento de datos personales que gozan de un alto grado de protección». En este punto, han resaltado que «España es el único país de Europa con este nivel de exigencia y el Gobierno ha sido apercibido de la extralimitación y los perjuicios, no solo para el tejido empresarial que debe cumplir con el Real Decreto, sino por la intromisión en la privacidad de los usuarios y los riesgos que conlleva para los mismos en caso de posibles filtraciones de datos de las que la responsabilidad recae sobre quien los ha recogido y comunicado».