Imagen de un bus de la red de transporte interurbano.

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El PSIB calcula que el transporte público de Mallorca perderá cerca de 10 millones de pasajeros si no mantiene su gratuidad en 2025, por lo que ha exigido al Govern, al Consell y al Ayuntamiento de Palma que no retiren las aportaciones públicas para garantizar que los billetes sigan siendo gratis. Así lo ha expresado este miércoles la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que el PP «ya haya tomado la decisión de que los usuarios vuelvan a pagar por subirse al bus o al tren». Ha hecho esta acusación al considerar que los ‘populares’, que gobiernan en las tres instituciones, solo apuestan por reclamar el dinero al Gobierno y no por destinar recursos propios para mantener la medida.

La gratuidad del transporte público, que Cladera ha catalogado como una medida de «éxito», se instauró en 2022 por iniciativa del Gobierno central y así se ha mantenido hasta este año. En 2023, ha ejemplificado, los usuarios crecieron un 50 % hasta los 85,6 millones. De este modo, ha dicho la socialista, según las previsiones de las tres instituciones esta eliminación supondrá una caída de entre el 10 y el 15 % de los usuarios, quienes dejarán de usar el transporte público «por motivos económicos».

Está previsto que 2024 cierre con un total de 95 millones de desplazamientos por esta vía. A su juicio, esto demuestra que la presidenta autonómica, Marga Prohens, y el insular, Llorenç Galmés, «recortan derechos, servicios sociales y oportunidades» para aquellos que más necesitan tener libertad para desplazarse. También ha criticado que el Consell no se oponga a esta medida pese a que viene aconsejada en el estudio de carga de la red viaria encargado por el gobierno insular.

Por todo ello, los socialistas presentarán una moción este jueves en el pleno del Consell para reclamar que el transporte público siga siendo gratuito durante 2025. Una iniciativa, ha explicado el secretario de Movilidad del PSIB, Joan Ferrer, pretenden llevar a todos los ayuntamientos de la isla. La portavoz insular del PP, Núria Riera, ha tildado a Catalina Cladera de cínica porque el pleno del Consell reclamó al Gobierno por unanimidad mantener esta medida.

También ha intervenido el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, quien ha reprochado que el equipo de gobierno municipal «se dedique a rebajar impuestos a los más ricos y dejen de ingresar 11 millones de euros que se podrían emplear para sostener la gratuidad del transporte público». El regidor ha señalado que el gasto medio anual de una familia de cuatro integrantes en los autobuses de la EMT oscila entre los 1.100 y 2.000 euros. Entre los colectivos que más se verán perjudicados por esta medida «clasista», ha dicho, se encuentran las mujeres que «necesitan desplazarse entre seis y nueve veces al día» para trabajar, los estudiantes o aquellos con rentas más bajas.