Además de la evolución del puerto, en la sesión comparecieron antiguos trabajadores del puerto. La plantilla debía ser asumida por la concesionaria según las bases. Sin embargo, al final pasó casi íntegra a la administración. La previsión de ese coste hizo, por ejemplo desistir a los amarristas de optar al concurso, al suponer un elevado coste fijo que repercutir en el canon. Otros testigos han declarado lo mismo, que era uno de los principales costes a asumir. Las defensas plantean que era una posiblidad recogida en el convenio colectivo del personal laboral del Govern. Uno de los trabajadores que declaró ayer, explicó cómo vivió el proceso. Después de la adjudicación, la plantilla fue citada uno a uno por la directora de Calanova. Les dieron un documento para firmarlo en el que dijeran si querían quedarse en la comunidad autónoma o pasar a la nueva empresa adjudicataria: «Me dijo que la administración nos estaba haciendo un favor». Se pasaron varios meses en el Palma Arena mano sobre mano hasta que se les encontró algo que hacer.
El gerente de Ports IB durante la adjudicación, declaró que hizo llegar al secretario general, el acusado Joaquín Legaza, un informe jurídico contrario a la adjudicación a Club Olimpic Calanova. No se informó sobre esa opinión a los miembros del consejo de administración que resolvieron. Sin embargo, el testigo no pudo concretar cómo se lo trasmitió, aunque insistió en que lo hizo seguro.
Por último, el abogado Demetrio Madrid, antiguo asociado del exconseller, Carlos Delgado, afirmó que este y el principal beneficiado por la adjudicación, Carlos Gelabert, «eran amigos», aunque matizó: «No puedo decir cuánto». También que, antes de vender a este segundo su participación en el despacho por 290.000 euros mantenía una relación muy tensa con Delgado y que éste ya le había dicho que Gelabert se iba a incorporar a la firma como abogado.
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