El Consejo de Ministros ha celebrado una reunión extraordinaria para culminar los trámites para recurrir ante el TC esa propuesta independentista, autorizando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que presentara ese recurso.
Al registrar el recurso en el Tribunal, Silva ha explicado a los periodistas que el texto pide al TC que aperciba a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a otra veintena de cargos, de que incurrirán en un delito de desobediencia si incumplen sus resoluciones.
Ese apercibimiento contempla también la posible suspensión de sus funciones.
Después de que el Parlamento de Cataluña aprobase el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP la declaración secesionista que pretende avanzar hacia una «república catalana», el Gobierno solicitó de inmediato el informe preceptivo del Consejo de Estado para recurrir al Tribunal Constitucional.
Ayer, esa institución avaló por unanimidad ese recurso al considerar que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para ello.
El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se fundamenta en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación «producirá la suspensión» de la resolución recurrida.
Una vez presentado ese recurso, se reunirá el pleno del Tribunal que, con toda probabilidad, suspenderá la resolución del Parlamento catalán.
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