Juana Rivas, en el centro de la imagen. | Efe

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El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha ordenado la detención de Juana Rivas, la vecina de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde que incumpliera el 26 de julio la orden judicial de entregar a sus hijos al padre -condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar-, después de que no haya comparecido este martes ante este tribunal, que mantiene abiertas diligencias por la vía penal para dirimir si ha podido incurrir en un delito penal de retención ilícita de menores.

Tras examinar la solicitud de Francesco Arcuri -padre de los menores y residente en Italia-, que sí ha acudido al juzgado al haber sido citado a su vez este martes, y el criterio del fiscal, el juez ha valorado en su auto «la existencia de un presunto delito de sustracción de menores».

Consta asimismo en autos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «no han podido localizar a la investigada». Además, «ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos» se ha obtenido información sobre su paradero, por lo que «se impone procesalmente, como siempre que se concurren estas circunstancias, la decisión de acordar la detención y puesta a disposición judicial».

La Fiscalía ha señalado la necesidad de defender la «legalidad ordinaria» para que la madre de Maracena sea puesta a disposición del juez, según han informado fuentes del Ministerio Público. Por su parte, Francesco Arcuri se ha ratificado en sede judicial en la denuncia que interpuso en su día, solicitando, tras la no comparecencia de Rivas, «medidas de índole personal» contra ella -como es una orden para su detención-, junto con otras referidas a los niños, y a su entrega inmediata mediante intervención policial, según ha indicado a los periodistas el abogado de Francesco Arcuri, Adolfo Alonso.

El juez apunta a que las medidas solicitadas por el padre de los niños «resultan amparadas» por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «aplicable en cualquier ámbito jurisdiccional para posibilitar rápidamente la evitación de perjuicios a los menores».

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No obstante, la decisión judicial impide a Rivas «abandonar el país», y para los menores, de once y tres años, «supone el mismo impedimento» en la actual situación. Si los hijos fueran hallados bajo su guarda o la de un tercero, «el cumplimiento de lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusa entregados al padre».

En este sentido, las medidas para «asegurar la disponibilidad de la investigada y la restitución de los menores, ya han sido adoptadas», y, respecto de otras que «pudieran ser pertinentes», el dictamen habrá de hacerse una vez sea puesta a disposición judicial.

La orden de detención de Juana Rivas será trasladada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «para su debida constancia y ejecución», y se notificará la decisión a la Fiscalía.

Coincidiendo con la citación judicial de los progenitores en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que se había considerado clave en este caso que tiene varios frentes abiertos, entre ellos un incidente excepcional de nulidad por la vía civil en la Audiencia Provincial, se han concentrado varias decenas de personas frente a los juzgados de Caleta, convocados por asociaciones como 'Granada por la custodia compartida ya'. Un portavoz de este colectivo ha indicado a Europa Press que su intención no es tanto reivindicar la posición de Francesco Arcuri en este proceso, sino «los intereses de los menores» frente a la repercusión mediática del mismo.

El caso de Juana Rivas ha alcanzado una gran notoriedad mediática, con campañas en las redes sociales promovidas por grupos a su favor, como la que se dio a conocer con la etiqueta 'Juana está en mi casa' después de que incumpliera la orden judicial por la que había de devolver sus hijos a Arcuri.