Neus Truyol, portavoz de Més por Palma, ha criticado duramente esta normativa: «El PP utiliza el espacio público como una herramienta de control y represión, en lugar de un espacio de encuentro y de convivencia. Esta ordenanza criminaliza la pobreza, los que no tienen dobleros para pagarse un piso, el arte en la calle y, incluso, el derecho de los niños al juego».
Truyol puso varios ejemplo en la aplicación de la normativa cívica, que «pone multas más elevadas a los vecinos que a las empresas que hacen negocio con la ciudad. Un niño que juegue a la pelota en la calle puede tener una sanción de hasta 1.500 euros, mucho más elevada que la que recibirá un guía turístico que lleve un grupo de personas más grande del permitido, un caso en que podrá llegar solo a 750 euros».
Por otro lado, también comparó la sanción que recibirá una persona que viva en una caravana, con una multa de 1.500 euros, «mucho más alta que la de un negocio con un cartel que contamine con una luminosidad extrema el espacio público, que pagará un máximo de 750 euros. Es evidente que el alcalde de Palma castiga con más dureza los vecinos y vecinas que las empresas que hacen negocio de forma ilícita», comentó la regidora ecosoberanista.
La ordenanza, prosiguió Truyol, «repite disposiciones incluidas a normativas ya existentes, como la Ordenanza de Limpieza o la Regulación de Artistas de Calle, pero con una voluntad únicamente sancionadora. Esta norma no tiene ninguna intención de fomentar la convivencia cívica». Y explicó que estas duplicidades «generan inseguridad jurídica y dejan la ciudadanía en manos de la arbitrariedad en su aplicación».
El PP prevé sancionar las personas que utilizan caravanas como vivienda, una realidad cada vez más frecuente a causa de la crisis de la vivienda que sufre Palma. «En lugar de abordar la carencia de una vivienda digna, el PP opta para perseguir los que viven en una situación límite. Esta política no resuelve nada y solo agravia el problema», denunció Truyol. En muchos de casos, se trata de personas que hacen trabajo pero que no pueden acceder a un alquiler a causa del altísimo precio de la vivienda. «El alcalde invierte más en promoción turística (1,5 millones) que en vivienda social (0,5 millones). Eso sí que es incívico», apunta la regidora.
La ordenanza también limita las actuaciones artísticas en la calle, que ya están reguladas, según Més. «Con esta medida, el PP elimina la vitalidad cultural que define Palma. Para ellos, el espacio público es solo un lugar para hacer negocio por parte de unos pocos, y no para expresarse ni convivir», criticó la portavoz.
«Palma tiene que ser una ciudad de libertad y convivencia, no de represión y exclusión. Exigimos que esta ordenanza sea retirada inmediatamente y que se pongan en marcha políticas que realmente respondan a las necesidades de la gente», concluyó Truyol. Mes por Palma se mantendrá en contacto con entidades sociales y culturales «para seguir combatiendo esta normativa represiva y para construir una ciudad más justa e inclusiva».
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