El 22 de mayo, la presidenta del Govern convocaba al sector turístico, cónsules de varios países incluidos, y a algunas entidades ciudadanas para un Pacto Social por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental. Pero ese acto no impidió la manifestación del 25 de mayo ni la del 21 de julio, 15.000 y 30.000 personas exigieron «un cambio de rumbo» en materia de turismo, acceso a la vivienda, conservación del territorio y diversificación productiva. «Mallorca no se vende», decían algunas pancartas.
En el mes de noviembre, entidades sociales participantes en las mesas de trabajo del supuesto pacto han comenzado a retirar su participación, aludiendo a una metodología tecnocrática y opaca que orienta las conclusiones hacia un pacto empresarial, en el que los intereses de la mayoría social no pasan de ser pinceladas ornamentales para justificar el pretendido carácter social.
No hay comité de «expertos» encargados que pueda conciliar los intereses contradictorios que configuran la realidad, máxime cuando al mismo tiempo se aprueban leyes que permiten construir en zonas inundables y protegidas, legalizan construcciones en suelo rústico, admiten licencias de alquiler turístico adquiridas siendo ilegales y se amplían puertos y aeropuertos, mientras se pretende multar a quienes viven en caravanas por no poder acceder a una vivienda y el empobrecimiento continúa abriendo la brecha y deteriorando la calidad de vida de la mayoría social. La realidad se impone y no se puede enmascarar.
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