Comunidad fallida

No fue un error el que una experimentada expresidenta del Parlamento levantara el dedo índice señalando el voto afirmativo a 34 enmiendas de los ultraderechistas de Vox. En estas circunstancias la verdad del PP y de Vox por separado no cuenta, la única realidad que existe es la relación entre las dos formaciones y, desde esta perspectiva, el error en ningún caso es posible, la acción siempre es producto de la tensión existente entre ellos. No se han quemado porque jugaran con fuego, sino, por el contrario, son los pirómanos que han encendido la llama. Como es sabido las casualidades no existen en política, todo pasa por algo y no hay excusa que valga ante tamaño desaguisado. Sus consecuencias pueden ser catastróficas. Definitivamente, Prohens Rigo está consiguiendo dejar a Bauzá Díaz como un simple aprendiz.

Su supuesto error forma parte del relato, igual que el propósito de enmienda expresado inmediatamente después de la votación. Lo cierto es que con todo este embrollo han conseguido quitar el foco de atención sobre las otras materias de la ley, como es la legalización de edificaciones ilegales, objetivo central de toda esta operación. Con la catástrofe de Valencia el debate entre gobierno y oposición de izquierdas se había reducido únicamente a las edificaciones en zonas inundables, aun así, los populares estaban entre la espada y la pared. No olvidemos que el origen de tan abrupta legalización pudiera estar en antiguas edificaciones ganaderas en desuso convertidas en viviendas turísticas situadas en zonas presumiblemente inundables y algún que otro polígono industrial en condiciones irregulares.

La importancia de un relato es que se lo crean y para ello es necesario que existan creyentes que a pies juntillas lo sigan sin poner reparos. La justificación originaria del decreto, convertido ahora en ley, era la crisis habitacional existente. En coherencia con este principio para ser legalizada una vivienda se obligaba al propietario, en caso de tenerla, a renunciar a la licencia de comercialización turística que en su día un gobierno del PP, sin ningún escrúpulo, había fabricado a su medida. Pero, bastó la inestimable colaboración de algún consistorio, que pasaba por allí, solicitando mantener las licencias para olvidarse del asunto. El relato perdía consistencia, pero ganaba amplitud, aunque aumentaban las dudas sobre lo que podía suceder en el futuro.

Es decir, ningún propósito de enmienda a la vista sobre la legalización de viviendas y ningún rubor por quebrantar, supuestamente, el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Solamente la sospecha de que pueda ser así genera angustia existencial y moral. La duda debe ser despejada, si no el daño será aun mayor. Al ciudadano únicamente le queda la protesta para interrumpir la debacle, son el Defensor del Pueblo, el gobierno del estado o 50 diputados del Congreso, los únicos que tienen capacidad para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a ver.