Pues mi vecino tiene una casa de protección oficial y se dedica a alquilarla por días en airbnb, algo que me parece mal por dos motivos, primero por lucrarse con una vivienda de protección oficial (seguro que alguien en el sorteo se quedó sin vivienda para que se la dieran a él que no la usa como tal), y en segundo lugar, porque aunque, efectivamente, entre sus inquilinos hay de todo, son personas que están de vacaciones y tienen horarios de vacaciones y yo he de soportar sus ruidos de madruga entre semana, en días laborables, por muy educados que sean, basta que sean un par de parejas que llegan a la 1 o las 2 y hablan entre sí, comentan qué tal han cenado o se turnan para usar el baño...etc para que todo el sonido pase a mi vivienda (que sí, también está muy mal insonorizada porque es de protección oficial). Y el díaque me harte del todo lo denunciaré a Hacienda (que seguro que no declara esos 85 eurazos que cobra por día) y donde sea menester. Y por cierto, muchos emprendedores se empeñan hasta las cejas e invierten todos sus ahorros para poner en funcionamiento pequeños hoteles familiares o rurales, pagando todas sus tasas e impuestos, para que luego haya gente haciendo lo mismo sin someterse a ningún control y sin declarar sus ganancias. Eso sí, lo vendemos como que es algo de buen rollito y super guay entre colegas viajeros, y en realidad es un negocio fuera de la legalidad.
Este uso terciario del suelo no sólo entra en competencia directa con el desarrollado por los profesionales del sector, es decir, hoteles y bloques de apartamentos en edificio exclusivo, sino que origina graves problemas de convivencia y seguridad para los vecinos de los inmuebles ubicados en los edificios donde se comercializan estancias turísticas en viviendas particulares, dado que dichos edificios no disponen de las medidas de seguridad exigibles al desarrollo de una actividad de hospedaje ni las comunidades de propietarios tienen obligación alguna de desviar una partida de gastos para implantarlas, dándose el caso de que diferentes sujetos ajenos a una comunidad de propietarios, creyéndose en derecho al haber abonado una estancia, hagan uso y abuso de unas instalaciones de uso comunitario, cuyo mantenimiento recae sobre el conjunto de la comunidad. Con todo, los principales problemas del uso terciario de inmuebles para estancias turísticas en edificios plurifamiliares son precisamente los surgidos entorno a la convivencia entre vecinos de un mismo inmueble, pues no es de rigor que los residentes deban soportar durante el verano la monopolización de las piscinas, los baños multitudinarios nocturnos en la mismas incluso con micciones de "despedida", las fiestas de madrugada, el uso de megáfonos en mitad de la noche y los desperfectos en las zonas comunes llevados a cabo por grupos de incívicos que no solo no respetan las normas de la comunidad sino que en ocasiones incluso amedrentan y amenazan a los vecinos. Obviamente, no sólo grupos de jóvenes incívicos alquilan apartamentos, pero se da la circunstancia de que esta clase de turistas suelen ser rechazados por otros establecimientos, por lo que son las comunidades de vecinos las que se ven abocadas en gran medida a sufrir las consecuencias de los desmanes de estos individuos. Si a esto unimos la laxitud de la Administración a la hora de actuar frente a los comportamientos incívicos, se comprenderá la importancia de llevar a cabo una regulación en profundidad del alquiler turístico de viviendas o, directamente y como ya se ha hecho en Baleares, su prohibición. No es de recibo que los inquilinos de un edificio se vean obligados a soportar actitudes que rayan lo delictivo porque, simplemente y de facto, se encuentran desamparados salvo que se produzca un incidente grave, pues la policía, aduciendo que los ruidos y las molestias corresponden a la comunidad de vecinos evitarlos, raramente acude. En el caso de que el presidente de turno de una comunidad de propietarios cuente con uno o varios "apartamentos turísticos" en el edificio de uso residencial que preside o, simplemente, tenga intereses con alguno de los propietarios que llevan a cabo esta actividad hotelera, al desamparo del resto de los vecinos del edificio frente a estas actuaciones se añade la frustración que conlleva el hecho de no contar con el apoyo de quien preside la comunidad de vecinos en la que residen. Se debe regular en profundidad, o directamente prohibir la comercialización de estancias turísticas en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal, estableciendo un marco jurídico sancionador que ampare las denuncias de los vecinos perjudicados por el ejercicio de un modelo de negocio alegal que se sostiene en detrimento y perjuicio del resto de los vecinos de los inmuebles en donde se desarrolla y que en la práctica se ven impotentes para hacer valer su derecho al descanso y a la convivencia en comunidad.