Josep M., puesto que ud. sí distingue entre los modos de sobreseimiento, debería señalar de qué estamos hablando. ¿Se le ha ocurrido que acaso la concejala afectada no generara indicio delictivo y que fuera detenida por realizar funciones perfectamente regulares ?. Es más ¿ advierte ud. que, mientras los jefes políticos sospechosos no han sido importunados, varios funcionarios sí han sido confinados en una comisaría o en prisión sin que la opinión pública conozca cuál fue el examen de los indicios o de las exigencias probatorias subyacentes y si, en concreto, los supuestos ilícitos excedieron de lo que constituye el regular cometido profesional de los afectados ?. Finalmente, no le parece a ud. que las indagaciones deberían haberse sustanciado mediante la declaración de los afectados, con exclusión de detenciones que contrastan vivamente con el vigente régimen de garantías y libertades ?
20/07/2017. Leo en el twitter de Gabriel Vallejo que ha sido archivada la imputación que pesaba sobre él, por no existir indicios de intervención en el supuesto amaño del contrato ORA. E igual para tres funcionarios municipales: Catalina Aguiló, Julián García Caballero y Sebastiana Ferrando Ballester. Por lo que cabe preguntarse por qué se prudujeron las correspondientes detenciones policiales, porque sí ..o en base a qué exactos indicios de ilícito penal ? Una detención siempre ha de estar auténticamente motivada, porque la libertad es uno de los principales activos de los ciudadanos. Si se trata de funcionarios en su propio puesto de trabajo, en algún sitio tendría que constar por qué no se acudió al medio alternativo menos gravoso: tan simple como remitirle una citación para declarar. Es más, ante este modo de proceder, qué tenemos que pensar sobre las imputaciones que afectan a otros funcionarios encausados ?