El fiscal Pedro Horrach, entrando ayer en la Jefatura de Policía. | IB3

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El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Policía ha descubierto que Joan Pol, ex director general de Emergencias en el Gobierno de Jaume Matas, es accionista de dos empresas 'tapadera' que cobraron diversas cantidades de dos de las constructoras que, precisamente, formaban la UTE que ha construido el nuevo parque de bomberos. Pol, que ayer fue detenido, formaba parte del consejo de administración que adjudicó la citada obra a esa UTE.

El martes por la tarde, cuando estalló la 'operación Bomsai', este diario se puso en contacto telefónico con Joan Pol, que estaba en Madrid asistiendo a un curso. Nada más conocer la noticia de la detención de Sainz de Baranda, su compañero de partido en el PP y también consejero de Caib Patrimoni, se mostró muy desconcertado y aseguró que no recordaba si había asistido, o no, a reuniones para adjudicar las polémicas obras.

Bomsai

Horas después, desde la Jefatura de Policía le comunicaron que debía personarse sin demora ante los inspectores. Se da la circunstancia de que Pol es inspector de policía en excedencia.

El ex director general de Emergencias se presentó, ayer por la mañana, en la comisaría, acompañado de Gaspar Oliver, su abogado. Al rato le comunicaron que quedaba detenido.

Una de las claves en el Caso Bomsai -que juega con el inicio de las palabras de Bomberos y Sanidad, los dos edificios objetos de investigación- es el pago que recibe la empresa Atlas Capital, con sede en Madrid. Se trata de 600.000 euros que las empresas adjudicatarias de las obras del edificio de los bomberos y de la conselleria de Sanidad pagan en concepto de asesoramiento legal para la elaboración del pliego de licitaciones. Caib Patrimonio, según la policía, tenía servicios jurídicos para realizar ese trabajo, que además se pagó a un precio de mercado «escandaloso». Al menos dos responsables de Atlas -se baraja la posibilidad de un tercero- han sido imputados por este motivo.

El número de detenidos ascendió ayer a seis -Sainz de Baranda, Jaime Vidal, Joan Pol, Federico Rodríguez Cerdá, Miguel Llabrés Feliu y Miguel Toledo- aunque los dos últimos quedaron en libertad con cargos. Los otros implicados pasaron otra noche en los calabozos, a la espera de que el viernes sean puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vía Alemania. Ayer tarde declararon como imputados otros dos constructores y el Grupo de Delincuencia Económica baraja la posibilidad de interrogar al ex conseller Ramis de Ayreflor - que fue consejero de Administración de Caib Patrimonio- como imputado.

Nueva detención

En lo que respecta al día de hoy, esta mañana se produjo la séptima detención relacionada con la operación. Se trata de Fernado Morell Pou, ex secretario de actas de CAIB Patrimoni, aunque ha sido puesto en libertad tras prestar declaración. Por el momento, siguen en la Jefatura Superior de la Policía cuatro de los siete detenidos por este asunto en el que se investiga la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura (2003-2007), principalmente, del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salud y Consumo.

El ex secretario de Caib Patrimonio acudió esta mañana a la sede policial «motu proprio», pues no había sido citado en ningún momento, con el fin de ponerse a disposición de los investigadores porque su nombre ha salido publicado en los medios de comunicación.

Tras unas horas en comisaría, y después de explicar el trabajo que realizó en su día como asesor legal de dos contratos de Caib Patrimoni, ha quedado en libertad.

La operación policial continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas, han señalado fuentes policiales. Las cuatro personas aún retenidas pasarán mañana a disposición judicial.