Trinidad Jiménez y bibiana Aído en el Congreso de los Diputados

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El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que sitúa en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo y lo liberaliza hasta las 14 semanas, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.

La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasará al Senado para su aprobación definitiva, respaldada por PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Na-Bai y rechazada por PP, UPyD, UPN y CC. En cuanto al grupo parlamentario de CIU, que dio libertad de voto, se posicionaron en contra del proyecto siete parlamentarios -tres de CDC y cuatro de UDC-, dos votaron a favor y se registró una abstención.

Durante el debate parlamentario, en las inmediaciones del Congreso seis organizaciones contrarias al aborto se manifestaron con pancartas a favor de la vida y repartieron los denominados «Bebé Aído», réplicas de plástico de fetos de doce semanas.

La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, declaró en su intervención que «la libre maternidad para las mujeres» se ha convertido en «un derecho» y ha dejado de ser, con este proyecto de ley, «un permiso supeditado a la decisión de terceros». «Legislamos el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad», enfatizó Montón, quien señaló que se ha cumplido una «histórica» demanda de las «mujeres feministas».

Acusó al PP de legislar en base a «condicionantes morales y religiosos» cuando «lo que debe regir esta Cámara es la bioética y la Constitución», si bien reconoció que «nunca los avances sociales han sido fáciles y menos los que conciernen a los derechos de las mujeres». La portavoz socialista lamentó que el PP haya revivido un «debate de hace 25 años», «amenazando con la inconstitucionalidad».

Por su parte, el portavoz del PP Santiago Cervera acusó al Gobierno de haber utilizado este asunto «controvertido» para «recuperar el control de la agenda política» en el contexto de crisis actual y «paliar sus amplias incompetencias en tantos otros ámbitos».

Cervera dijo a los socialistas que «no hay demanda social» para reformar la actual legislación, mientras que la nueva «banaliza el sentido de la vida humana», algo en lo que coincidió con la portavoz de UDC Concepció Tarruella.

Los populares creen que el Ejecutivo «confía en el enfrentamiento como método de auto-afirmación», algo que consigue mediante «la trasgresión de un sistema de valores».