«Fernando y Maite Areal fueron los que gestionaron la compra del piso de Madrid»

A las diez de la mañana de ayer el juez y el fiscal llegaron al edificio de los Juzgados de Plaza Castilla. Ésa era la hora señalada para el inicio de la toma de declaraciones a los testigos, en relación al piso que ocupa la familia de Jaume Matas en Madrid, que oficialmente es propiedad de Bartolomé Reus, pero la Guardia Civil sospecha que se trata del testaferro del ex president. A la hora citada Castro se puso en contacto con el juez de guardia, y se tardó un tiempo en encontrar un lugar en donde poder llevar a cabo las diligencias.

Al final la comisión judicial de Palma se instaló en la sala de juntas. A las once de la mañana comenzó la toma de declaraciones, que finalizaron a las cuatro y media de la tarde. En total fueron seis las personas citadas y una de ellas, la última, fue un testigo sorpresa.

Los cinco primeros fueron Eugenio Delgado Maestre, antiguo conserje de la finca de la calle Don Ramón de la Cruz; María Celeste Freitas, limpiadora; Landelino García, Pedro García y Juan Garrido, éstos tres últimos conserjes de la finca.

Alrededor del mediodía el juez ordenó a dos guardias civiles de Palma, desplazados a Madrid y que son quienes investigan el patrimonio del ex president, que localizaran y llevaran ante su presencia a Luis Butragueño, que era uno de los gerentes de la sociedad 'Vallehermoso', cuando se efectuó la compra del piso.

El hombre, que utiliza muletas para desplazarse, fue localizado en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Su declaración se inició sobre las dos de la tarde, y finalizó poco antes de las cuatro y media. Dijo, también, que Fernando y Maite Areal le habían puesto en contacto con la tienda Denario, concretamente con Francisco Obrador.

Los cinco primeros testigos se ratificaron en sus declaraciones ante la Guardia Civil. En general, manifestaron que reconocían a la familia Matas-Areal como únicos moradores de la vivienda, y que nunca han visto en la finca a Bartolomé Reus. En las declaraciones estuvieron presentes el abogado Rafael Perera, y los abogados del Govern y de la UTE del Palma Arena, María Àngeles Berrocal y Luis Jordana de Pozas.