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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma revisará durante una vista el próximo 7 de abril el recurso de apelación que interpuso el letrado Gregorio San José contra el auto dictado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que determinaba la conexión existente entre las investigaciones sobre el incremento patrimonial del ex presidente del Govern, Jaume Matas, y el presunto desvío de fondos públicos producido durante la construcción del velódromo palmesano.

Así lo informaron hoy fuentes jurídicas, que explicaron que será varios días después de la vista cuando el tribunal resuelva sobre la impugnación del auto. De este modo, la resolución se emitirá después del 23 de marzo, día en la que el también ex ministro de Medio Ambiente está citado a declarar en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de las investigaciones.

Cabe recordar que San José, defensor de una de las comerciantes que proveyó de televisores de lujo el palacete de Matas, ya solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre el patrimonio del ex jefe del Ejecutivo en el marco del caso Palma Arena, una petición que fue desestimada a principios de febrero mediante un auto, contra el cual el letrado interpuso el recurso que hoy llegó a la Audiencia.

El abogado lamentó que el juez continúa sin concretar los indicios por los que defiende la conexión de la presunta malversación de fondos públicos cometida durante la construcción del velódromo Palma Arena y el incremento supuestamente irregular de los bienes de Matas cuando era presidente (2003-2007).

Por ello, cuestiona la competencia de Castro para investigar el patrimonio del también ex ministro al preconizar la falta de indicios de que parte del sobre coste en la ejecución del Palma Arena acabase engrosando el patrimonio de Matas.

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En concreto, el auto de Castro, al que tuvo acceso Europa Press, considera «obligada» la continuidad de las investigaciones del patrimonio de Matas por ser «uno de los principales destinos» de los 50 millones de euros desviados en la construcción del velódromo y «en razón de un origen indiciariamente delictivo del mismo».

Unas sospechas que «ganan terreno» debido a que las decisiones que generaron el sobrecoste fueron tomadas «unipersonalmente, despreciando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones».

Fue el pasado 11 de septiembre cuando Castro acordó incorporar las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria al caso Palma Arena, que investiga una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo palmesano, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.

Precisamente, sobre estas pesquisas prevé ser interrogado el ex presidente el próximo 23 de marzo, cuando está citado a declarar a partir de las 10.00 horas, junto a su esposa Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el ex conseller del Govern Bartomeu Reus, todos ellos en calidad de imputados.