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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer convencido de que una posible anulación de las conversaciones telefónicas entre los principales imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados, ordenadas por el juez Baltasar Garzón, tendrá tan sólo un «efecto muy parcial» ya que la instrucción cuenta con otras pruebas que pueden servir de base para seguir manteniendo el principio acusatorio. Además, fuentes jurídicas consultadas señalaron que esta anulación no afectaría a la principal prueba de instrucción, como es el pen drive que la policía incautó al supuesto contable de la red, José Luis Izquierdo.
Conde-Pumpido mostró asimismo su cautela respecto de la posible anulación de las escuchas que pudiera haber tomado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo hizo en Valladolid, donde insistió en que, de confirmarse finalmente, no provocaría el desmorone del 'caso Gürtel'.
«No, en absoluto, pues esa decisión siempre tendría un efecto muy parcial, ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirían continuar con la instrucción del caso», apuntó el fiscal general del Estado quien, volviendo a tomar una actitud de cautela, advirtió de que «la decisión no se conoce oficialmente y hasta ahora es tan sólo una información periodística».
Recurso
En el supuesto de que tal anulación de las escuchas telefónicas quedara finalmente reflejada mediante el correspondiente acto judicial, Conde-Pumpido, tras mostrar su respeto a cualquier decisión judicial, declinó adelantar si la Fiscalía General del Estado optaría por interponer recurso.
La memoria electrónica incautada es clave para esclarecer muchos de los pagos a los imputados, como a los tres diputados madrileños que figuran en la trama: el ex diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid López Viejo y el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Tejedor.