La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó ayer las medidas. | Efe - Emilio Naranjo

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El Gobierno decidió ayer acabar con 29 empresas públicas, lo que conllevará una reducción de 80 directivos y 450 consejeros, y eliminar 32 altos cargos de los distintos ministerios, con la intención de ahorrar 16 millones anuales y ganar en eficiencia.
Con esta medida, los altos cargos del Ejecutivo serán 311 -frente a los 343 actuales- y 77 las empresas públicas con participación mayoritaria del Estado, en lugar de las 106 de ahora.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó el plan en las medidas de «austeridad y eficacia» diseñadas frente a la crisis por un Gobierno que, dijo, actúa «con rigor, decisión y responsabilidad». Con los recortes, añadió, habrá «más trabajo con menos recursos humanos».
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, admitió que los 16 millones del ahorro directo no son «la variable más importante», y sí el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración y sus empresas. Recordó en este sentido que seguirá habiendo más de 100.000 trabajadores en empresas públicas, aunque ahora se ubiquen en distintas sociedades.
SEPI
La reestructuración consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles (13 adscritas a la SEPI y una al Ministerio de Vivienda) y la fusión de otras veinticuatro (17 en Patrimonio, 5 en la SEPI y 2 en Fomento) que pasarán a ser nueve; también se suprimirán la mayoría de las fundaciones.
Todo esto supondrá la eliminación de 40 directivos y 150 consejeros en las empresas públicas, así como de otros 40 directivos y 300 consejeros en las entidades públicas empresariales.
Mientras, los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y responsables de catorce organismos autónomos con rango de director general.