TW
2

El Parlament aprobó ayer la ley de medidas urgentes, que en uno de sus artículos pretende evitar la demolición del Pont del Riuet, en Porto Cristo. La modificación de esta enmienda, impulsada por PP y UM, señala que se legaliza necesario que rondas y vías de carácter urbano que no se hayan previsto en el plan director sectorial de carreteras, una situación que afecta al Pont del Riuet.

Por lo tanto, el artículo aprobado pretende legalizar es Pont des Riuet, que un juez ha ordenado su demolición. «Esta ley tiene la marca inconfundible de PP y UM», dijo Miquel Àngel Llauger, diputado del Bloc, que criticó el artículo que salvará el derribo del Pont del Riuet.

Sin embargo, Josep Melià, de UM, defendió a ultranza la propuesta incluida en la ley de medidas urgentes hasta el punto que recibió el aplauso en varias ocasiones de los diputados del PP. «Esta propuesta resuelve un

Una garantía

problema. Ustedes -en alusión a los diputados de izquierdas- critican la solución pero no aportan ninguna alternativa», dijo Melià.


Joan Boned, diputado del PSOE, cree que la aprobación de la ley de medidas urgentes no es una garantía suficiente para evitar el derribo del puente. «No existe la certeza de que no se deba cumplir la sentencia que obliga tirar es Pont des Riuet», advirtió Boned.

Desde el PP, la diputada Catalina Soler dijo que tanto su grupo como UM eran partidarios de «buscar soluciones a un problema muy grave». «Nos tratan como a demonios, pero damos soluciones», dijo Soler, quien recordó que un informe pericial elaborado por Jaume Carbonero, actual conseller d'Habitatge y arquitecto de profesión, había servido como argumento en contra del Pont del Riuet.

La modificación de la ley urgente de la enmienda del puente fue introducida por las gestiones realizadas por el propio Antoni Pastor, portavoz del grupo popular, y Catalina Julve, portavoz de UM en Manacor. Julve estuvo presente en el pleno.

Un cúmulo de despropósitos ha precedido la construcción de este puente ya proyectado en 1968. Adaptado a los nuevo tiempos en 1999, esta infraestructura se incluyó en las Normas Subsidiarias en 1998 para dotarlo de seguridad jurídica. Una vez redactado en nuevo proyecto, Ajuntament de Manacor, Consell de Mallorca y Govern balear sufragaron a partes iguales las obras del puente del Riuet en 2002 pese a no estar incluido en el Plan Director de Carreteras, puntal básico por el que el juez ordena su demolición.