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El Gobierno aprobó ayer la Oferta de Empleo Público para 2010, que recorta en un 87% las plazas de nuevo ingreso, es decir, de las 15.084 ofrecidas en 2009 a las 1.989 de este año.
Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Este recorte en el número de plazas supondrá un ahorro de 280 millones de euros respecto al pasado año, que recaerá, sobre todo, en la Administración General del Estado.
Con este ahorro, la Oferta de Empleo Público para 2010 cumple con los criterios de «contención» que inspiran el plan de austeridad en el que se enmarca y respeta el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública, según explicó la vicepresidenta.
«Adaptada y adecuada»
El plan contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013 y un recorte de la tasa de reposición hasta el 10%. Con estos horizontes, De la Vega aseguró que la oferta para 2010 es «adaptada y adecuada» a la actual coyuntura económica.
En cifras, la oferta de empleos públicos de nuevo ingreso se reparte entre 781 plazas para la Administración General del Estado (AGE), 222 en la Policía Nacional, 232 en la Guardia Civil y 754 en las Fuerzas Armadas.
Además, se incluyen 2010 puestos para la Administración de la Justicia, de los que 1.326 corresponden a comunidades autónomas con competencias en este matera y 704 al área competencial del Ministerio de Justicia. Esta oferta se enmarca en el Plan de Modernización 2009-2012 en este ámbito.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO advierte que el recorte puede «poner en peligro» la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. En su opinión, el que no se cubran «convenientemente» las vacantes que se produzcan en la Administración irá en perjuicio de los ciudadanos e impedirá a los organismos públicos cumplir sus objetivos.
Al respecto, CCOO dice que estudiará «posibles medidas» para garantizar el empleo en las administraciones públicas.
Por su parte, el secretario general de la Función de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, considera «insuficiente» la Oferta Pública de Empleo.
Sin embargo, recuerda que no es la única, ya que también hay que tener en cuenta las de las comunidades autónomas. Lacuerda explicó que en la del Estado no se contemplan las plazas que las comunidades convocarán en servicios esenciales transferidos.