Mateu Alemany, máximo accionista y consejero delegado del Mallorca, durante una rueda de prensa. | T. MONSERRAT

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La crítica situación por la que atraviesa el Mallorca ha provocado que la amenaza del concurso de acreedores siga creciendo en el horizonte. Con una deuda cercana a los 50 millones de euros y una falta de liquidez alarmante, al club balear se le agotan las salidas a corto y medio plazo. Salvo una inyección económica inesperada o la irrupción de un comprador oculto, la entidad parece obligada a agarrarse de forma voluntaria a la antigua suspensión de pagos para sobrevivir. El propio Mateu Alemany, máximo accionista y consejero delegado de la SAD isleña, lleva semanas advirtiendo a su círculo más íntimo de la que se avecina y el lunes, durante su visita al Consolat, le insinuó al president del Govern, Francesc Antich, que se halla en un camino sin retorno y que el concurso es inminente.

La Ley Concursal nació con el fin de resolver las situaciones de insolvencia de las sociedades. Para que un club pueda acogerse a ella debe presentar una documentación ante un juez, que decidirá si su aplicación resulta viable. Desde ese momento se inicia un largo proceso en el quedan suspendidos los embargos de los acreedores hasta llegar a un acuerdo para su pago. Algunos clubes, como Sporting, Las Palmas, Celta, Alavés o más recientemente el Xerez, han logrado reducir considerablemente su endeudamiento por esta vía.

Si un club, en este caso el Mallorca, decide acogerse a la Ley Concursal debido a sus problemas económicos y el juez acepta la petición, se lleva a cabo el concurso de acreedores y el magistrado nombra a tres administradores con el objetivo de fiscalizar a partir de ese instante las cuentas de la SAD. Al tratarse de un proceso instado de manera voluntaria, esos administradores no tomarían los mandos del club (tal y como le ocurrió al Atlético de Madrid hace años), sino que supervisarían los gastos del consejo de administración, que seguiría ejerciendo su trabajo. El propósito final es situar el nivel de gastos por debajo del de los ingresos, liquidar a corto plazo la mitad de la deuda y pactar con los acreedores el resto de los pagos en un periodo máximo de cinco años. Si la actitud del Consejo no es apropiada, el juez puede darle todo el poder a los administradores o, como medida extrema, disolver la sociedad.

Uno de los primeros cometidos de los administradores concursales nombrados por el juez pasa por reexaminar las operaciones llevadas a cabo durante los dos últimos años y en el caso de que consideren que alguna de ellas ha resultado dañina para la entidad, podrían reclamar su retroacción de forma inmediata. En cuanto al Real Mallorca, hay una serie de situaciones que podrían reconducirse. La más llamativa de ellas apunta al blindaje del contrato de Nando Pons o a las polémicas gratificaciones que recibió por parte del anterior propietario, Vicenç Grande. En cualquier caso, tampoco serían las únicas. Los elevados salarios de algunos futbolistas o integrantes del cuerpo técnico también estarían en el punto de mira, ya que el juez podría considerar que han conducido al Mallorca a la delicada situación por la que atraviesa.

Uno de los requisitos que parecen definitivos para acogerse al concurso es mantener la categoría, ya que en el caso contrario la supervivencia del club podría resultar prácticamente imposible. En esa dirección, el Mallorca no tiene problemas. De hecho, una de las razones que han llevado a Mateu Alemany a preparar el escenario actual es la buena marcha del equipo en el campeonato de Liga. Con 34 puntos en la mochila y toda la segunda vuelta por delante, el equipo de Manzano tiene apalabrada su continuidad en Primera División. Los gestores del club entienden que en pleno concurso el rendimiento deportivo podría debilitarse y prefieren tenerlo todo bien atado antes de dar un paso fundamental hacia la resistencia.

Una vez dentro del concurso, los trabajadores del club cobrarán de forma puntual todos los meses. En el caso de los futbolistas, la situación cambia. Sólo una parte de los salarios que se les adeuden deberá ser satisfecha a corto plazo (la correspondientes a sus contratos federativos), mientras que el resto se considerará deuda ordinaria y tendrá que ser negociada junto con el resto de pagos que tenga que hacer el club, un proceso que podría dilatarse durante algunos años. En ese sentido, conviene destacar que una vez que los administradores elaboran el informe sobre el estado de la empresa (puede llevarse a cabo en el plazo aproximado de un año) se firma un convenio con los acreedores en cuanto a las condiciones de cobro. El mismo puede suponer ya la reducción de la deuda total en un cincuenta por ciento.