Jaume Matas observa las portadas de unos periódicos en Washington. | Pedro Prieto

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«Hay indicios racionales de que la génesis del patrimonio de (Jaume) Matas pueda ser delictivo», señala el juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro, en el auto dictado ayer en el que desestima el recurso presentado por Gregorio San José, abogado de una de las imputadas en la causa, Josefa Lorca, para excluir de la causa la investigación del origen de los bienes del ex presidente del Govern.

En un durísimo auto de 12 folios, el juez rechaza de manera rotunda la petición de nulidad de las actuaciones formulada por la defensa de Josefa Lorca, a la que se han adherido en los últimos días varios abogados defensores. En ese contexto, el magistrado recuerda que el abogado de la imputada «está personado en la causa, aunque asistiendo a distintas partes», y añade que el «alegado defecto de forma que hoy le escandaliza no debió causarle entonces (desde el 7 de septiembre de 2009) el mismo efecto por cuanto en su mano tenía el haber interpuesto los recursos que las propias resoluciones insinuaban y nada de eso se hizo».

También, el juez recrimina al letrado que «por tres veces aplaudiera lo que hoy le lleva a reprochar, sin que pueda excusarse en el olvido».

Añade que las resoluciones controvertidas «están muy lejos de ser un ordeno y mando sin más», y recuerda que ninguna de las partes personadas, «entre ellas la defensa del señor Matas» debieron abrigar duda alguna sobre las razones que motivaban la judicialización de las diligencias informativas de Fiscalía cuando, transcurridos nada menos que unos cinco meses y practicadas innumerables diligencias, nadie impugnó tales resoluciones ni interesó su aclaración».

Sospechas

El juez Castro afirma, asimismo, en el fundamento jurídico cuarto que: «Existen sospechas de la comisión en el territorio competencial de este Juzgado de determinadas actividades delictivas de las que pueden racionalmente traer su causa el patrimonio del señor matas y personas allegadas». Precisa, además que «aceptar tal incompetencia equivaldría a dar por bueno que un incremento patrimonial tan aparentemente desmesurado como el que se trata nunca debería serinvestigado cualesquiera que sean los indicios que puede tenerse sobre su ilícito origen».

El magistrado insiste en su auto que la pretensión del recurrente es «que se entierre la investigación (sobre los bienes de Matas) lo más profundo posible para que nunca más vuelva a aflorar en la superficie», y con respecto a la construcción del Palma Arena subraya que el sobrecoste de ese recinto, «de unos 50 millones de euros», precisa, «las sospechas se van tornando en racionales indicios de criminalidad cuando las de mayor trascendencia económica se hacen en favor de personas vinculadas de una manera u otra a quien de hecho las decide».

Y destaca: «La investigación del patrimonio de Jaume Matas i Palou es obligada porque un eventual incremento injustificado de su patrimonio sería un nada desdeñable elemento de prueba a tener en cuenta en orden a valorar determinados e irregulares comportamientos habidos con ocasión de la construcción del velódromo Palma Arena, lo que no constituye conexidad sino la propia esencia de la inicial investigación».

El juez imputa a Matas nueve delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral. Contra el auto cabe un recurso de reforma y/o de apelación.