Jaume Ripoll

El gerente del 061 puso su cargo a disposición del Govern.

Europa PressPalma16/03/10 0:00
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El Govern ha destituido hoy al gerente del 061, Jaume Ripoll, después de que éste haya puesto su cargo a disposición del Govern al no haber sido capaz de detectar la intrusión de un hombre enfermo mental que se hizo pasar por médico durante un mes, y llegó a estar dentro de una ambulancia y en el servicio de coordinación de este servicio de urgencias.

Así lo confirmaron fuentes del Ib-Salut, que precisaron que Ripoll ha asumido la responsabilidad que se deriva de la instrucción informativa que realizó del Ib-Salut en relación a los hechos investigados, tras lo cual el gerente puso su cargo a disposición del Ejecutivo autonómico, que lo destituyó.

Como ya relató este diario, no era la primera vez que Antonio S.A., de 28 años, suplantaba una profesión. Según pudo saber UH, también había realizado prácticas de enfermero sin tener nociones de medicina y, previamente, se había hecho pasar por abogado y piloto de avión.

"Nunca tendría que haber subido a una ambulancia"

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Tras el escándalo provocado por la aparición de la noticia en los medios, el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, indicó hoy en el pleno del Parlament que el director gerente «asumirá su responsabilidad, porque es lo que toca hacer». Así, subrayó, en referencia al intruso, que «este señor nunca tendría que haber subido a una ambulancia», si bien aclaró que «nunca hizo guardias ni asistencias». El hombre falseó su identidad para incorporarse a la bolsa de trabajo del 061.

Durante la sesión plenaria de hoy, la parlamentaria del PP, Carme Castro, criticó este «triste episodio» que «pone en evidencia que cualquier persona puede subir a un vehículo del 061 sin acreditar ni su titulación ni que está colegiado».

Así, la 'popular' consideró que el conseller es el «último responsable» de este hecho que provoca el «grave deterioro del servicio». También remarcó que si se hubiese producido en una empresa privada, Thomàs ya «estaría en el paro».

Thomàs, por su parte, admitió que «falta regulación interna» y defendió la necesidad de poner en marcha un mecanismo para que no se vuelva a repetir una actuación de estas características.