Vista general de la Platja de Palma. | Jaume Morey

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El Parlament ha aprobado, con el asentimiento de todos los grupos, la Proposición de Ley de medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma, de forma que el Consorcio encargado de la reforma de esta zona turística madura de la capital balear ya cuenta con el instrumento legal para poner en marcha el Plan de Reconversión, que será aprobado el próximo viernes y presentado públicamente el lunes.

Concretamente, este proyecto tiene un plazo de diez años y un presupuesto de 3.000 millones de euros, de los cuales 1.000 millones serán aportados por las instituciones públicas y el resto por el sector privado.

El objetivo de este Plan de Reconversión es que los 10 kilómetros de la Playa de Palma, donde hay 34.000 plazas residenciales y 40.000 hoteleras, deje de ser un destino de turistas con bajo poder adquisitivo, teniendo en cuenta que, en la actualidad, esta zona de la capital balear, que recibe anualmente a 1,8 millones de visitantes, continúa con los mismos criterios turísticos que en los años 50 o 60, cuando comenzaron a llegar los primeros visitantes.

Nuevo modelo de negocio

Por esta razón, el Plan de acción para rehabilitar esta zona pretende un cambio de modelo de negocio, para lo cual se acometerá una reforma en profundidad de los hoteles para ampliar las habitaciones, sobre todo aquéllas que sólo cuentan con alrededor de 11 metros cuadrados, e incorporar nuevos servicios, como spas, con el principal objetivo de atraer a otro tipo de turistas con una mayor capacidad adquisitiva.

Asimismo, se pretende que una vez sea reformada esta zona, el gasto medio diario por turista sea de 135 euros, frente a los 65 actuales. Además, otro de los objetivos es que el precio medio diario por habitación doble sea de 65 euros, teniendo en cuenta que, actualmente, hay hoteles que ofrecen precios muy bajos para atraer a un determinado perfil de turista.

Por otra parte, mediante la normativa se va a incidir en la sostenibilidad, con el fin de reducir las emisiones de Dióxido de Carbono a la atmósfera, para lo cual, se creará un espacio libre de emisiones en esta zona.

De este modo, los hoteles tendrán que hacer un proceso de inversión para disminuir sus emisiones a la mitad, mientras que, a su vez, los edificios de viviendas serán sometidos a una rehabilitación funcional y estética, así como de eficiencia energética.

La ley impide nuevos crecimientos injustificados

Entre otros aspectos, la Ley contempla que en materia de suelo, el Plan de Reconversión impida el desarrollo injustificado e insostenible de nuevos crecimientos urbanos en la Playa de Palma y establezca la rehabilitación urbana integrada como una línea de actuación preferente ante el nuevo crecimiento.

Además, establece que el parque de viviendas sólo puede incrementarse en nuevas tierras si se justifica en la necesidad de asentar personas residentes afectadas por operaciones no relocalizables en su ámbito original o por operaciones de esponjamiento.

En materia de edificación hotelera, residencial y equipamiento, señala que el Plan debe priorizar la rehabilitación integrada del parque edificado frente a la construcción de posibles nuevos edificios.

Además, la normativa sostiene que el Plan de Reconversión puede establecer operaciones de reconversión, intercambio y de transferencia de aprovechamientos urbanísticos para eliminar, total o parcialmente, los inmuebles que considere obsoletos o inadecuados, cualquiera que sea el uso lucrativo al cual estén destinados, de acuerdo con los objetivos que se deben conseguir con la ordenación propuesta por el Plan.

Impacto ambiental

Por otra parte, la Ley subraya que, a efectos de facilitar el cumplimiento de sus objetivos, el Plan puede delimitar áreas concretas, justificando los motivos que lo fundamenten, en los cuales las transmisiones onerosas de bienes inmuebles estarán sujetas al ejercicio de los derechos del tanteo y retracto por parte del Consorcio de la Playa de Palma. Así, el ejercicio de estos derechos podrá recaer tanto sobre las transmisiones de terrenos sin edificar, como también sobre los edificados.

Respecto al ahorro energético, la Ley obliga a las edificaciones a reducir en un 50 por ciento sus impactos ambientales y climáticos. En cuanto a la movilidad y el transporte público, la Ley indica que el Plan debe establecer las medidas de cambio y los correspondientes instrumentos normativos para la reconversión de los actuales modelos de desplazamiento y transporte urbanos que reducen el consumo energético y las emisiones con la finalidad de propiciar modelos más sostenibles de movilidad y de calidad ambiental.

El portavoz del PP en el Parlament, Antoni Pastor, ha recordado que era «imprescindible» aprobar una Ley específica que fuese un instrumento «jurídico y urbanístico útil» para llevar a cabo las inversiones públicas y privadas en este proyecto.

Consenso entre hoteleros y trabajadores

«El acuerdo no acaba aquí, ya que es necesaria una planificación de la reforma de la Playa de Palma consensuada con los restauradores, los hoteleros, los sindicatos y los trabajadores de esta zona, ya que son los que más se juegan con este proyecto», ha subrayado, al tiempo que ha estimado que «ya es hora de que el dinero que ha aportado este destino turístico a las arcas del Estado vuelva hacia Palma, Llucmajor y Baleares».

Por su parte, el portavoz del PSIB en la Cámara, Antoni Diéguez, ha remarcado que, gracias a la aprobación de esta Ley, cualquier pequeña actuación que se vaya a llevar a cabo en la Playa de Palma conllevará un plazo de un año, frente a los ocho que se hubieran tardado en caso de no existir esta normativa, ya que se hubieran producido contradicciones entre los Planes Generales de Ordenación Urbana de Palma y Llucmajor con el Plan Territorial de Mallorca.

Asimismo, ha destacado que durante el proceso de las obras, se debe lograr que «no haya ni una grieta o discusión en el objetivo de sacar adelante el proyecto». «No va a ser un camino fácil, ya que cuando comiencen las obras, siempre habrá algún interés particular que le interese una trifulca pública para defender sus intereses privados», ha advertido Diéguez, quien ha recalcado que la reconversión sólo será un «éxito» si la inversión pública viene acompañada de una «potente inversión privada».

Para ello, ha recordado que es necesario dar seguridad al inversor privado, dado que en los malos momentos se vuelve «muy miedoso», de forma que «si garantizamos que no va a sufrir vaivenes, no faltará dinero».

Por otro lado, el portavoz del Bloc, Biel Barceló, ha recordado que la mayor parte de las 410.000 plazas turísticas de Baleares se encuentran en zonas maduras, que necesitan una reconversión integral, por lo que se debe apostar por los esponjamientos, con el fin de evitar que se conviertan en zonas residenciales, ya que sería el «fin definitivo del turismo».

«Hay que eliminar todas las plazas obsoletas que sobran», ha destacado, a la vez que ha lamentado que en los últimos años, se ha visto cómo la Playa de Palma ha sufrido una «degradación», lo que ha sustituido al turismo familiar por otro tipo de turismo «menos interesante». Por otro lado, ha considerado que se debe «revalorizar y proteger los espacios naturales de la zona, como Ses Fontanelles».

Finalmente, el portavoz de UM, Josep Melià, ha destacado que esta Ley es un instrumento urbanístico para reconvertir la Playa de Palma, donde se prevé un «intercambio de plazas, exonación de planeamientos urbanísticos y más agilidad en la tramitación administrativa».

«Esto es importante porque hay partidos que han criminalizado la idea de las reconversiones y que las han eliminado de los instrumentos urbanísticos en otras instituciones, lo que demuestra una hipocresía y un doble lenguaje».