Los hechos sucedieron en las instalaciones de Grupo Konecta BTO ubicadas en la calle San Romualdo, en San Blas-Canillejas, en Madrid, cuando una empleada, de nombre Inmaculada, falleció de forma inesperada en su puesto de trabajo.
Según los sindicatos, la empresa obligó al resto de teleoperadores a seguir atendido llamadas al tratarse de un servicio esencial «como si de robots en lugar de personas se tratara». A raíz de este incidente, las organizaciones sindicales exigieron a la empresa «un protocolo de actuación en caso de fallecimiento en puesto de trabajo», algo que no estaba contemplado hasta el momento.
De este modo, este mismo martes ha tenido lugar una reunión entre sindicatos y empresa en la que se ha abordado un borrador de protocolo con medidas para actuar ante este tipo de situaciones «excepcionales» con el objetivo de poder actual de forma «ágil» y «clara» en cuanto a la cadena de órdenes.
Ambas partes han quedado en mantener en los próximos días una nueva reunión para cerrar este protocolo, que afectaría al conjunto de la compañía, que emplea a más de 22.000 personas.
Konecta desmiente la versión
En cualquier caso, la compañía ha desmentido «de forma rotunda» el relato de los hechos y ha subrayado que actuó «de forma correcta ante la situación de emergencia que tuvo lugar en el centro de trabajo». Asimismo, ha recalcado que desde la empresa se ha facilitado «apoyo» a las personas trabajadores, a las que se les ofreció «de forma inmediata» la posibilidad de teletrabajar, además de ayuda psicológica.
En la misma línea, ha indicado que ha estado en permanente comunicación con los representantes de los trabajadores, «aun habiendo habido versiones contradictorias» en las que «ciertas partes» han «deshumanizado una situación personal que ha afectado tanto a la familia como a sus compañeros, que se encuentran alarmados y sorprendidos con las informaciones aparecidas».
De este modo, ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de la trabajadora fallecida, una persona «querida, ejemplar en su dedicación, su discreción, compañerismo y de una profesionalidad intachable», que demostró «día a día a lo largo de todos los años que formó parte del equipo». «En estos días nuestra máxima prioridad ha sido preservar su privacidad e intimidad y acompañarlos en estos momentos de duelo», ha indicado en un comunicado remitido a Europa Press.
La asociación Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Madrid que abra una investigación y han recalcado que se trata de unos hechos «gravísimos» y «un delito impronunciable». En este sentido, han puesto en valor el «daño psicológico difícil de olvidar» por «la mala actuación de quienes podían evitarlo» para reclamar una investigación de oficio.
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