PALMA BOTA LOCAL. CONCHA+FOTO. Batucada de la Plaza España a la Plaza Mayor contra al ordenanza de Cort en contra de los espectáculos en la calle

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Cerca de 200 personas se reunieron ayer en la Plaça d'Espanya convocadas por 'Manifesart', plataforma de artistas y ciudadanos afectados por la ordenanza cívica que prepara el Ajuntament de Palma y que salpica gravemente a los colectivos de artistas callejeros, prostitutas o mendigos, entre otros.

Batucadas, payasos y músicos animaron la manifestación que se dirigió a la Plaça Major, donde los participantes interpretaron un mordaz cabaret: 'Tu no vales ', que sorprendió a muchos de los ciudadanos y turistas que deambulaban ayer por la ciudad.

'V iva la calle viva' fue una de las numerosas pancartas que se pudieron leer en la protesta y que resume la historia de Ángel Benítez, solista musical y miembro de una agrupación de batucadas: «Muchos artistas no podemos grabar o actuar en un recinto cerrado, la calle es la única forma de actuar», dijo.

La ordenanza de Cort prohíbe la megafonía en la vía pública, ocupar más de un metro cuadrado por persona, lanzar objetos al aire (malabarismo) y, a la percepción subjetiva del viandante, vecino o comerciante, molestar en la calle. A partir de ahí, la multa puede llegar a 600 euros, o ser canjeada por trabajos en la comunidad.

Nudismo, seminudismo, usar jabón en la playa de Palma, concentraciones de dos o más personas (por ejemplo fuera de un bar hablando), ofrecer servicios sexuales en la calle... pueden ser objeto de denuncia según el borrador de la Ordenanza para Fomentar y Garantizar la Convivencia Cívica.

Alegaciones

En este contexto, antes del próximo día 8 de marzo Més presentará cerca de 500 alegaciones ciudadana contra la normativa para la convivencia. Una norma calificada ayer por el portavoz municipal de la formación, Antoni Verger, como «antisocial» y que criminaliza a los sectores más débiles. Y apostilló que se trata de «un modelo de ciudad que fue paralizado en Valladolid, donde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia lo declaró inconstitucional».

«Es una mirada conservadora a través de la cual intentan conectar con sus votantes. Desde luego para el PP esta normativa es estratégica», concluyó.